Aprueban diputados en lo general y particular la prohibición del outsourcing; va al Senado

Después de siete horas de discusión y tras desechar 42 propuestas de modificación, la Cámara de Diputados aprobó hoy, en lo general y en lo particular, las reformas a distintas leyes federales para regular el outsourcing en México y prohibir la subcontratación laboral que ponga a trabajadores propios a disposición de otra empresa.

La reforma del outsourcing prohíbe tanto a las empresas como a las dependencias federales la subcontratación de personal. Tras aprobarla en lo general, los legisladores la aprobaron en lo particular la madrugada de este miércoles con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones.

La Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro remitió el proyecto al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Legisladores de la oposición cuestionaron, sin embargo, la aprobación de la reforma, sin contar en ese momento con el análisis de impacto presupuestal que significará la contratación del personal del gobierno actualmente en régimen de “outsourcing”.

La reforma establece que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante un contrato por escrito. Además, las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro, deberán acreditar que están al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. La STPS deberá pronunciarse respecto de la solicitud de registro dentro de los 20 días posteriores a la recepción de la misma.

El pasado 5 de abril, el gobierno federal informó que se llegó a un acuerdo con empresas para que pasen a los trabajadores bajo el esquema del outsourcing a la nómina del patrón real, así como que se logre un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.

A través de un comunicado se indicó que se concedió a las empresas un plazo de tres meses para lograr el cambio de los trabajadores subcontratados.

“Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto”, se precisó.

La reforma especifica que, al patrón que no permita la inspección o vigilancia de las autoridades en sus instalaciones, deberá comparecer para proporcionar la información requerida. En caso de que no muestren los documentos solicitados, serán multados con 250 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir, hasta 448 mil 100 pesos.