En Coahuila, ejercer violencia contra niños y adolescentes es ilegal y se debe erradicar: SIPINNA

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social y por medio del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), impulsa la erradicación del castigo corporal.

Teresa Araiza Llaguno, titular de SIPINNA, señaló, en Coahuila la Ley de Familia y en la Ley del Sistema para la Garantía de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya contiene esta prohibición del castigo corporal.

Muchas personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes, como mamás, papás, docentes y personal de las instituciones, continúan normalizando el uso del castigo corporal para educar. Sin embargo, usar de cualquier forma de violencia en su contra es injustificable y vulnera los derechos humanos de la niñez y adolescencia. Además, afecta su vida en todos los ámbitos: físico, emocional, cognitivo y social, señaló.

Agregó que actualmente se trabaja en la armonización de la ley coahuilense con las últimas reformas propuestas en el Senado a nivel nacional.

Señaló que los castigos corporales o físicos son actos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, en los que se usa la fuerza física, como golpes con la mano u otro objeto, empujones, pellizcos, mordidas, jalones de cabello u orejas, quemaduras, obligarles a mantener posturas incómodas o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.

En Coahuila, ejercer violencia contra niñas, niños y adolescentes es ilegal y se debe erradicar.

En cambio, explicó, la crianza positiva y el buen trato generan apego seguro, empatía, habilidades, conocimientos y comportamientos sociales altruistas en niñas, niños y adolescentes; además les permiten manejar mejor los deseos y las frustraciones, desempeñarse socialmente y desarrollar una identidad individual y social.

Araiza Llaguno, señaló que es necesario un cambio social y cultural para erradicar en definitiva cualquier práctica violenta que atente contra la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.