Ampliación de prisión preventiva oficiosa en México incluye delitos fiscales y de narcomenudeo

La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de publicidad para un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que modifica el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. 

La reforma, que forma parte de la LXV Legislatura, añade nuevos ilícitos relacionados con la seguridad y el control fiscal, sumándose a los delitos ya contemplados en esta medida cautelar.

Delitos Incluidos en la Reforma

Entre los delitos que ahora ameritan prisión preventiva oficiosa, se encuentran:

Extorsión: Imposición de amenazas o coerción para obtener beneficios de otra persona o grupo.

Narcomenudeo: Venta y distribución de drogas a pequeña escala.

Actividades ilícitas con fentanilo y otras drogas sintéticas: Fabricación, distribución y comercialización de estas sustancias.

Defraudación fiscal: Maniobras para evadir el pago de impuestos.

Contrabando: Introducción o exportación ilegal de mercancías.

Emisión de comprobantes fiscales falsos: Generación de facturas fraudulentas para evitar obligaciones fiscales.

Justificación y Objetivos de la Reforma

Según el dictamen, la prisión preventiva oficiosa es considerada un mecanismo que, al restringir la libertad de los presuntos infractores, contribuye al control de la criminalidad y fortalece la investigación de delitos, además de apoyar el orden social. 

La medida también pretende asegurar que los jueces tengan la obligación de aplicar esta medida en los casos específicos, evitando interpretaciones que pudieran reducir su uso.

Ajustes Legales y Plazo para Armonización

La propuesta, presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, establece que a partir de la entrada en vigor de este decreto se derogarán todas las disposiciones contradictorias en leyes secundarias, reglamentos y otros ordenamientos administrativos. Asimismo, se otorga un plazo de 80 días al Congreso de la Unión para adecuar el marco jurídico conforme a esta nueva disposición.

Con estas modificaciones, el gobierno busca un mayor control sobre delitos de impacto social y fiscal, reforzando el sistema de justicia en temas prioritarios para el país.