Juez de EU frena orden de Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento

Un juez federal en Seattle bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que buscaba poner fin a la garantía constitucional de ciudadanía por nacimiento, independientemente del estatus migratorio de los padres.

El juez John C. Coughenour falló en el caso presentado por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregon, que argumentaron que la Enmienda 14 y los precedentes en la Corte Suprema han consagrado el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Es una de cinco demandas presentadas por 22 estados y varias agrupaciones de migrantes en todo el país.

Los litigios incluyen testimonios personales de varios fiscales generales que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, y nombran a mujeres embarazadas que temen que sus bebés no serán ciudadanos estadounidenses.

Firmada por Trump el mismo día en que tomó posesión, la orden está programada para entrar en vigor el 19 de febrero.

Podría afectar a cientos de miles de personas nacidas en el país, según una de las demandas. En 2022, hubo aproximadamente 255 mil nacimientos de niños ciudadanos de madres que vivían ilegalmente en el país y unos 153 mil nacimientos de padres en la misma situación, según la demanda presentada por cuatro estados en Seattle.

Estados Unidos está entre unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento -el principio de jus soli o derecho del suelo. La mayoría están en América, y Canadá y México están entre ellos.

Las demandas argumentan que la Enmienda 14 a la Constitución garantiza la ciudadanía para las personas nacidas y naturalizadas en el país, y los estados han estado interpretando la enmienda de esa manera durante un siglo.

Ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, la enmienda dice: Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción del mismo, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen.

La orden de Trump afirma que los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y ordena a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía para los niños que no tienen al menos un padre que sea ciudadano.