México en el top 3 de violencia criminal

El crimen organizado y la violencia son un obstáculo para el desarrollo en América Latina y el Caribe y es que doce países de la región figuran entre los 50 primeros lugares del índice de crimen organizado compuesto por 193 países y el Top 3 lo ocupan Colombia, México y Paraguay, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por su sigla en inglés), utilizado por el Banco Mundial para su informe “Crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe”.

“El puntaje de criminalidad muestra que el crimen organizado es un problema grave en América Latina y el Caribe, pero no es exclusivo de esta región. En 2023, 12 países de ALC se encontraban entre los 50 primeros en esta puntuación, junto con países como Myanmar, la República Democrática del Congo, Nigeria, Sudáfrica, Rusia e Italia”, señala el informe publicado en la Revista Económica de América Latina y el Caribe (LACER) del Banco Mundial.

La lista de esos doce países latinoamericanos la encabezan Colombia, México y Paraguay con un nivel de criminalidad superior a los 7 puntos en los tres casos en una escala que va del 0 al 10 y los puntajes más altos indican mayor actividad criminal.

“México es el país con más apariciones, en 13 de los 15 mercados ilícitos, entre los primeros 20 países, seguido de Brasil y Colombia, cada uno con 8”, expone el documento.

El Banco Mundial estima que América Latina y el Caribe crecerá 2.1 por ciento en 2025 y 2.4 por ciento en 2026, la región con menor crecimiento a nivel mundial. Para México estima que el PIB se mantenga en 0.0 por ciento de crecimiento en 2025, aunque no específicamente sea por el entorno de violencia del país.

“Los impedimentos para el desarrollo de la región son múltiples: la incertidumbre sobre los derechos de propiedad reduce y distorsiona la inversión; la extorsión y la inseguridad aumentan los costos de transacción de los negocios y reducen la competitividad; los gastos improductivos en seguridad pública desvían recursos que podrían destinarse a salud, educación e infraestructura, mejorando la vida de las personas; las víctimas de violencia ven disminuida su capacidad para acumular capital humano; las comunidades que viven bajo las reglas del crimen organizado ven comprometidas sus libertades básicas; y el control de las instituciones estatales debilita la calidad de los gobiernos”, señala.