Demandan a Trump por exigir datos de beneficiarios de cupones para alimentos

Una coalición de 20 estados de Estados Unidos presentó una demanda en contra de la Administración del presidente Donald Trump por exigir a los condados la entrega de datos personales de todos los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), bajo el argumento de que sería una herramienta para perseguir migrantes. 

La exigencia de Trump constaba de la entrega de nombres de todos los miembros de la familia, números de seguro social, fechas de nacimiento, domicilio y dirección de código postal, según explicó el fiscal de California, Rob Bonta, en una conferencia de prensa virtual junto a las fiscales de Nueva York, Letitia James, y la de Michigan, Dana Nessel.

Respecto a la denuncia que se presento en el estado de California, Bonta aseguró que esa acción sin precedentes viola todo tipo de leyes de privacidad estatales y federales y rompe aún más la confianza entre el Gobierno federal y las personas a las que sirve.

Destacó que esa acción sin precedentes viola todo tipo de leyes de privacidad estatales y federales y rompe aún más la confianza entre el Gobierno federal y las personas a las que sirve.

La demanda se presentó dos días antes de que venza el plazo del 30 de julio que el Departamento de Agricultura -que administra el programa que permite comprar alimentos, del que se benefician 42 millones de personas en Estados Unidos- dio a los estados para entregar los datos de los solicitantes de los últimos cinco años.

Este programa es conocido por muchos como cupones para alimentos para personas de bajos recursos económicos.

Incluso, la agencia advirtió a los estados la pasada semana que de ignorar la solicitud se pueden exponer a procedimientos de incumplimiento lo que podría conllevar la retención de fondos.

Seamos claros: esta exigencia no trata de prevenir el despilfarro, el fraude y el abuso. SNAP tiene tasas de fraude muy bajas, algo bien conocido. Ya existen buenas medidas de seguridad. Se trata de usar datos gubernamentales como arma para intimidar a comunidades vulnerables, afirmó.

Destacó que los solicitantes proporcionaron información para obtener ayuda para alimentar a sus familias, no para ser incluidos en una base de datos de vigilancia del Gobierno o ser utilizados como blancos en la inhumana agenda migratoria del presidente.

Recordó que estados como California han mantenido este programa, que tiene uno de los sistemas de control de calidad más rigurosos del Gobierno federal y que durante años el Departamento de Agricultura nunca solicitó los datos a una escala tan masiva. Ahora, sin previo aviso, la Administración Trump intenta cambiar las reglas en medio del juego, argumentó.

Por su parte, la fiscal James indicó que en Nueva York, 2,9 millones de personas reciben los beneficios de este programa y que más de la mitad son familias con niños, y más de un tercio tiene familiares mayores o con discapacidad.