INE cancela cinco candidaturas a cargos judiciales en Coahuila por no informar gastos de campaña

El Instituto Nacional Electoral (INE) canceló el registro de al menos 81 candidaturas a cargos judiciales locales en 19 estados del país por no presentar sus informes de gastos de campaña, entre ellos cinco aspirantes de Coahuila, aunque ninguno resultó ganador en la jornada electoral del pasado 1 de junio.

A nivel nacional, el organismo detectó graves omisiones en los reportes financieros de más de 4,360 candidaturas que participaron en la contienda por cargos judiciales. 

De los 81 registros cancelados, siete correspondían a personas que ganaron el cargo, quienes ahora podrían perder su nombramiento de manera definitiva.

En el caso específico de Coahuila, el INE anuló cinco candidaturas al Poder Judicial local. Aunque ninguno de los sancionados obtuvo el triunfo.

El órgano electoral subrayó que los aspirantes incurrieron en una “falta grave especial”, ya que omitieron presentar el informe de gastos a pesar de ser requeridos formalmente por la autoridad fiscalizadora, lo que demuestra una conducta dolosa, según los proyectos de resolución.

En contraste con Coahuila, entidades como Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Ciudad de México y Chihuahua enfrentan posibles consecuencias más graves, ya que varios de los aspirantes sancionados sí resultaron electos como jueces. Por ejemplo, en Quintana Roo se revocó el registro de tres jueces penales ganadores; en Chihuahua, se afectó la elección de Adalberto Contreras Payán, y en la capital del país el caso más destacado es el de Alejandra Silvia Cordero Navarrete, quien había sido electa jueza familiar.

Durante la sesión del Consejo General, la consejera Carla Humphrey enfatizó que la omisión de informes de gastos compromete la transparencia y mina la legitimidad de los aspirantes a un cargo público.

“Si no hay informe sobre gastos, no puede haber fiscalización, y si no se rinden cuentas no puede sostenerse legítimamente una aspiración al cargo”, advirtió.

Humphrey también llamó a revisar y fortalecer el sistema de fiscalización, al considerar que aún existen limitaciones que deben corregirse para preservar la equidad electoral.

El INE aclaró que las cancelaciones aún pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En caso de que las sanciones se confirmen, será el tribunal quien determine el mecanismo para cubrir las vacantes dejadas por los jueces electos sancionados.

Este proceso de fiscalización y sus consecuencias reflejan, según expertos, la necesidad de fortalecer los controles financieros en candidaturas judiciales, un modelo aún en construcción y que pone a prueba la transparencia y legalidad en la elección de juzgadores.