Se ampara diputado Tony Flores teme orden de aprehensión

El diputado local Antonio Flores Guerra presentó una demanda de amparo con el fin de evitar una posible orden de aprehensión o conocer si existe algún procedimiento penal en su contra. El recurso legal fue promovido ante el Juzgado Tercero de Distrito en Piedras Negras, donde quedó registrada bajo el número 1137/2025.

De acuerdo con el expediente judicial, la demanda fue interpuesta el pasado 17 de octubre y está dirigida contra 19 autoridades de los ámbitos federal y estatal, ubicadas en los municipios de Sabinas, Múzquiz, Piedras Negras, Monclova y Torreón. 

Flores Guerra busca protección ante una posible orden de aprehensión o de presentación que, según argumenta, podría haber sido emitida por un juez penal del fuero común en Sabinas o por un juez federal con sede en Torreón.

En la lista de autoridades señaladas en la demanda se incluyen agentes del Ministerio Público federales y estatales, así como directores de diversas corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno. 

Tras la admisión del recurso, el juzgado federal le concedió una suspensión provisional que impide que cualquier autoridad de las señaladas ejecute una orden de aprehensión en su contra de manera inmediata.

La suspensión tendrá una vigencia inicial de cinco días, tiempo durante el cual el legislador deberá presentar una garantía económica de 139 mil pesos. Este depósito es requisito para que la suspensión se mantenga activa mientras se define si se le concede una suspensión definitiva, que lo protegería durante todo el tiempo que tome resolver el juicio de amparo.

El juzgado advirtió que, si el diputado no se presenta ante las autoridades señaladas como responsables para demostrar su disposición a colaborar con el proceso, la medida cautelar podría ser revocada. Tiene un plazo de 24 horas para acreditar dicha comparecencia ante el juzgado.

Se estableció el próximo 27 de octubre como la fecha en la que se resolverá si se concede o no la suspensión definitiva.

 Asimismo, la audiencia constitucional del juicio de amparo fue programada para el 1 de diciembre. En el transcurso del proceso, las autoridades señaladas deberán rendir sus informes para esclarecer si, efectivamente, existe una orden de aprehensión o alguna investigación activa contra el legislador.

Antonio Flores Guerra, diputado local coahuilense por el Partido del Trabajo (PT), se ha visto envuelto en diversas controversias que han puesto bajo la lupa su trayectoria política y sus intereses empresariales. 

En los últimos años, empresas vinculadas a su familia obtuvieron contratos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el suministro de carbón mineral; investigaciones periodísticas han señalado que dichas compañías comparten domicilios, representantes o accionistas con integrantes de la familia Flores Guerra, lo que ha generado cuestionamientos por presuntos conflictos de interés y beneficios indebidos en los procesos de adjudicación.

El legislador ha defendido la legalidad de los contratos y ha asegurado que las operaciones de su familia se apegan a la normativa; la CFE, a su vez, señaló que las adjudicaciones se realizaron conforme a la ley y negó favoritismos. No obstante, el tema ha alimentado la percepción de una estrecha relación entre poder político y negocios privados en la región Carbonífera de Coahuila.

A la polémica empresarial se sumó un escándalo de carácter personal cuando Flores Guerra fue fotografiado conduciendo un automóvil deportivo Lamborghini en las calles de Múzquiz. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y generaron fuertes críticas, especialmente por provenir de un político que forma parte del movimiento de la llamada Cuarta Transformación, cuya bandera es la austeridad republicana. 

El episodio, acompañado de otros señalamientos sobre bienes de lujo, ha reforzado la narrativa de incongruencia entre su discurso público y su estilo de vida.

El entorno familiar del diputado también ha contribuido a la controversia. Su hermana, Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz por Morena, enfrentó denuncias por presuntas irregularidades en la asignación de permisos y cambios de uso de suelo durante su administración. 

Ambos hermanos han sido señalados por aprovechar su influencia política para fortalecer su presencia en el sector carbonífero, una de las principales actividades económicas del norte de Coahuila.