Aprueba Coahuila armonización legal en materia de extorsión y refuerza acciones contra este delito

El Congreso del Estado de Coahuila aprobó reformas al Código Penal estatal y a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de armonizar la legislación local con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Con esta decisión, Coahuila se coloca entre los primeros estados del país en cumplir con este proceso de armonización y, además, amplía su alcance al crear la Unidad de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, lo que fortalece el marco jurídico e institucional para la prevención, investigación y combate de este ilícito.

El dictamen aprobado, derivado de una iniciativa presentada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, señala que la extorsión se ha convertido en uno de los delitos que más afectan a la sociedad, al pasar de prácticas aisladas a un mecanismo utilizado de forma sistemática por la delincuencia organizada para el control territorial y el financiamiento criminal.

A nivel federal, la nueva Ley General establece un marco integral que contempla la atención a víctimas, ofendidos y testigos, además de reforzar las capacidades de investigación, sanción, protección y reparación del daño. En este contexto, las entidades federativas están obligadas a adecuar su legislación local al nuevo ordenamiento.

Las reformas aprobadas en Coahuila buscan garantizar una mayor coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, mejorar la eficacia en la prevención y persecución del delito y proteger el patrimonio y la tranquilidad de las familias coahuilenses, fortaleciendo así el blindaje de seguridad en el estado.

Entre los principales cambios destaca la creación de la Unidad de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, que estará adscrita al Centro Estatal de Atención de Emergencias y Contacto Ciudadano, así como la adopción de un tipo penal uniforme a nivel nacional, lo que brinda mayor certeza jurídica y facilita la actuación coordinada de las autoridades.

Asimismo, la reforma incorpora un enfoque integral de política pública al fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas y mecanismos de georreferenciación, considerados clave para enfrentar un delito que se caracteriza por su alta cifra negra y el uso de medios tecnológicos.