Exhortan a regular la inteligencia artificial en México
Durante sesión del Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión a impulsar de manera prioritaria la creación de un marco regulatorio integral para la inteligencia artificial en México.
La propuesta busca que, dentro de sus atribuciones y retomando iniciativas ya presentadas, el Poder Legislativo federal avance en una legislación que garantice la protección de los derechos humanos, la seguridad jurídica, la ética y la transparencia en el uso de estas tecnologías.
El punto de acuerdo también subraya la importancia de llevar a cabo un proceso de parlamento abierto, que permita la participación activa de la ciudadanía, la academia, la comunidad científica y los sectores especializados, con el fin de construir una regulación incluyente y responsable.
Durante la exposición, se advirtió que la inteligencia artificial ha comenzado a representar riesgos, al ser utilizada para la comisión de delitos como fraudes, estafas, robo de identidad, delitos sexuales, violencia digital y generación de información falsa, además de incrementar la dependencia tecnológica.
Este panorama, señaló la diputada, plantea retos importantes para la protección de los derechos humanos, particularmente en temas como la privacidad, la protección de datos personales y la no discriminación, lo que obliga a los gobiernos a establecer medidas preventivas claras.
Actualmente, más de 50 iniciativas relacionadas con la regulación de la inteligencia artificial han sido presentadas ante el Congreso de la Unión. Asimismo, en el Senado se dio a conocer la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial para México 2024-2030, que busca promover el uso de esta tecnología como herramienta de desarrollo social, económico y educativo.
Sin embargo, Fraustro Dávila destacó que, pese a estos esfuerzos, México aún no cuenta con una legislación integral que regule el desarrollo y uso de la inteligencia artificial ni que atienda de forma clara los desafíos jurídicos que representa.
La diputada advirtió que la ausencia de un marco legal coloca al país en rezago frente a otras naciones que ya cuentan con lineamientos éticos y jurídicos, lo que incrementa los riesgos para la ciudadanía y puede frenar un crecimiento tecnológico responsable.
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