Impulsan mayor respaldo a víctimas de fraudes bancarios

Durante una sesión del Congreso del Estado, fue aprobado un punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús Alfredo Paredes López, mediante el cual se solicita al Congreso de la Unión elaborar un proyecto de ley que brinde mayor protección a las víctimas de fraudes bancarios.

La propuesta busca garantizar que las personas afectadas por delitos como el robo de dinero de cuentas bancarias o la asignación de créditos no solicitados, puedan acceder a la información necesaria para conocer quién recibió el dinero y quién realizó los trámites, con el fin de demostrar su inocencia y la afectación ilegal a su patrimonio.

El legislador expuso que existen múltiples casos en los que los cuentahabientes sufren el vaciado de cuentas de débito o ahorro sin haber compartido datos bancarios, sin ser engañados por llamadas o Internet y sin haber proporcionado su NIP. Aun así, los recursos desaparecen sin una explicación clara. Otro fraude recurrente es la asignación de préstamos no solicitados, que posteriormente son cobrados a los clientes.

Paredes López señaló que, ante estas situaciones, las instituciones bancarias suelen responsabilizar a los usuarios, argumentando que ellos realizaron las transferencias o compartieron su información, incluso en casos de retiros en ventanilla, lo cual —dijo— no siempre es cierto.

El diputado afirmó que, si los bancos tuvieran razón, podrían acreditarlo con pruebas claras y, de no hacerlo, deberían asumir su responsabilidad. Sin embargo, cuando los afectados solicitan conocer quién realizó los trámites o recibió el dinero, la respuesta suele ser negativa bajo el argumento del secreto bancario.

“El cuestionamiento es lógico: ¿cuál secreto bancario, si le están diciendo al usuario que él recibió el dinero o que él solicitó el crédito? En estos casos, el secreto bancario no puede aplicarse a la víctima”, subrayó el legislador.

Aunque reconoció que en meses recientes se han aprobado reformas para proteger a los usuarios de la banca, consideró que aún falta regular el acceso a expedientes, videos, controles digitales y registros internos, cuando las propias instituciones imputan al cliente la operación fraudulenta.

Finalmente, Paredes sostuvo que se requiere una reforma legal que permita ampliar la transparencia de los servicios bancarios y establecer una excepción al secreto bancario, exclusivamente para los casos de fraude en los que los cuentahabientes resultan afectados.