Memorando de ICE permite ingreso a domicilios para arrestos, según denuncia

Un documento interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos indica que sus agentes pueden ingresar a domicilios particulares y realizar arrestos basados únicamente en órdenes administrativas, sin necesidad de una orden judicial tradicional, de acuerdo con información difundida por Latinus y respaldada por un reporte de Associated Press.

El memorando, fechado el 12 de mayo de 2025 y firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, establece que los oficiales pueden usar órdenes administrativas conocidas como I-205 para entrar y arrestar a personas que tienen una orden final de expulsión emitida por un juez de inmigración, una junta de apelaciones o un juez de distrito o magistrado.

La guía establece que, antes de ingresar, los agentes deben llamar a la puerta, identificarse y explicar el motivo de su presencia, y permitir a los residentes una oportunidad razonable para actuar de forma legal. Si los ocupantes se niegan a permitir el acceso, el memorando indica que se puede utilizar fuerza necesaria y razonable para entrar a la residencia.

El documento ha sido compartido en forma limitada dentro de la agencia y, según la denuncia anónima de un funcionario proporcionada a legisladores, se utiliza para capacitar a nuevos agentes de ICE desplegados en diversas ciudades, en medio de una intensificación de las tácticas de control migratorio por parte de la administración estadounidense.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que las personas sujetas a una orden administrativa ya han tenido el debido proceso completo y que los agentes que emitieron dichas órdenes también encontraron causa probable para el arresto.

Organizaciones defensoras de derechos civiles han señalado que esta política podría entrar en conflicto con las protecciones de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que limita las búsquedas y detenciones sin autorización judicial, aunque no existe un consenso legal definitivo sobre la práctica.