Piden exentar el ISR en adjudicación de bienes tras divorcio o separación
El Congreso del Estado de Coahuila aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a revisar y reformar el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el fin de que queden exentos del ISR los bienes que se transfieran entre ex parejas o ex concubinos cuando esto ocurra como parte de un convenio judicial o una sentencia de divorcio.
La propuesta fue presentada por la diputada Luz Elena Morales Núñez, quien advirtió que actualmente existe una laguna legal que termina afectando, sobre todo, a mujeres que buscan regularizar a su nombre bienes que formaron parte del patrimonio familiar.
Explicó que la ley sí contempla la exención del impuesto en donativos entre cónyuges, sin importar el monto, pero deja fuera los casos en que la relación ya terminó y la propiedad se transfiere para cumplir un acuerdo legal derivado del divorcio o de la disolución del concubinato.
La legisladora señaló que en muchos casos los bienes inmuebles quedaron registrados solamente a nombre de uno de los integrantes de la pareja, con frecuencia el hombre, mientras la mujer contribuyó al patrimonio familiar mediante trabajo doméstico, cuidados o incluso aportaciones directas, sin que eso se reflejara legalmente en la titularidad de la propiedad.
Indicó que, al momento de formalizar la transferencia después de la separación, la autoridad fiscal puede interpretar ese acto como gravable, aunque en realidad no se trate de una ganancia nueva ni de una operación comercial, sino del reconocimiento legal de un derecho construido durante la vida en común.
Luz Elena Morales sostuvo que cobrar ISR en estos casos representa una carga injusta y puede traducirse en una forma de revictimización económica, al imponer un impuesto sobre un bien que ya formaba parte del entorno familiar y que solo busca regularizarse jurídicamente.
La diputada explicó que la intención del exhorto es que la ley reconozca de manera expresa la exención del impuesto cuando la transmisión de propiedad sea resultado de un convenio judicial de divorcio o de acuerdos derivados de la disolución de concubinatos debidamente acreditados.
Añadió que esta reforma ayudaría a proteger el derecho a la vivienda, dar mayor seguridad jurídica al patrimonio familiar y evitar que la carga fiscal se convierta en un obstáculo para que las mujeres accedan legalmente a bienes que les corresponden.
Finalmente, señaló que esta propuesta surge de un análisis realizado junto con el notariado del estado y como parte del convenio firmado con el colectivo “100 Y +”, con el propósito de visibilizar trabas legales que afectan de manera directa la vida cotidiana de muchas personas.
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