Suma “El Señor de los Buques” tercera orden de aprehensión por presunto huachicol fiscal

La nueva orden está relacionada con el buque Challenge Procyon. Según el reporte de la resolución judicial, el cargamento habría causado un daño al fisco superior a 146 millones de pesos.

Un juez federal emitió una nueva orden de aprehensión contra Roberto Blanco Cantú, también identificado como Roberto Brown Cantú y conocido como “El Señor de los Buques”, por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles. Se trata de la tercera orden de captura reportada en su contra.

El mandamiento también incluye a José René Tijerina Mendoza y José Isabel Murguía Santiago, socios de Blanco Cantú en la empresa de transporte Mefra Fletes. De acuerdo con Reforma, que informó haber consultado la resolución del juez Mario Elizondo Martínez, la orden comprende además a empresarios relacionados con otras compañías y a dos agentes aduanales. Los delitos señalados son delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos y contrabando. 

La clave del caso es lo que se declaró ante la aduana. Según la investigación citada por Reforma, el cargamento del Challenge Procyon fue presentado como “aditivos para aceites lubricantes a granel”, pero los análisis de la autoridad aduanera determinaron que se trataba de diésel. La Fiscalía atribuye a esa operación un presunto perjuicio fiscal de más de 146 millones de pesos. Esa cantidad corresponde a la acusación sobre este cargamento y aún deberá ser examinada dentro del proceso penal. 

El buque llegó al puerto de Tampico el 19 de marzo de 2025. Tras interceptarlo y realizar cateos en predios de Altamira, el Gabinete de Seguridad anunció el aseguramiento de aproximadamente 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y decenas de vehículos de carga. En ese momento, las autoridades federales ya señalaban que la embarcación había arribado con una carga presuntamente declarada como aditivos.

El hallazgo dio paso a una investigación más amplia. En septiembre de 2025, el gobierno federal informó de la detención de 14 personas, entre empresarios, integrantes de la Marina y exfuncionarios de Aduanas, por su presunta relación con el mercado ilícito de combustible. La autoridad describió entonces una operación que utilizaba documentación falsa, transporte de carga y participación de servidores públicos.

En el expediente referido por Reforma, la FGR sostiene que los socios de Mefra Fletes investigados formarían parte de la estructura presuntamente encabezada por los mandos navales Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. La nueva orden también menciona a Ramiro Rocha Alvarado, Ricardo Ayón Rodríguez y Hernán Guillermo Fernández Morán, señalados como accionistas de Intanza; a Eduardo de los Ángeles Rosales, relacionado con Enerpol Transportes; y a los agentes aduanales Nazario Rodríguez López y Benito Abad Pérez Escalante. Se trata de señalamientos de la investigación, no de responsabilidades penales acreditadas mediante sentencia. 

Las otras dos órdenes de aprehensión reportadas contra Blanco Cantú se relacionan, según Reforma, con aseguramientos de combustible efectuados en Ensenada, Baja California, y Altamira, Tamaulipas. Además, el 30 de septiembre un juzgado federal le negó un amparo contra una orden de captura previa, de acuerdo con información publicada por el semanario ZETA. Esa decisión corresponde a otro trámite judicial: no equivale a una condena ni sustituye el proceso que pudiera abrirse por la nueva orden.

La FGR ha estimado por separado que el aseguramiento relacionado con el Challenge Procyon provocó un impacto económico aproximado de 372 millones de pesos a la estructura logística investigada. Esa estimación no representa el monto del supuesto impuesto evadido y no debe sumarse a los más de 146 millones de pesos de presunto daño fiscal mencionados en el reporte sobre la nueva orden. 

Para Coahuila, el caso tiene una dimensión regional: la FGR ha identificado al estado como uno de los nodos logísticos utilizados en investigaciones más amplias sobre el movimiento de combustible por vías marítimas, ferroviarias y terrestres. La información pública consultada no establece que el cargamento específico del Challenge Procyon haya pasado por Coahuila.

Una orden de aprehensión autoriza llevar a una persona ante la justicia; no demuestra por sí sola que cometió los delitos imputados. Quedan pendientes la ejecución de los mandamientos, la presentación de los acusados ante un juez y la resolución de sus respectivas situaciones jurídicas. Todas las personas mencionadas conservan la presunción de inocencia.