Coalición de Trabajadores de la Educación se pronuncia contra nuevos descuentos de la sección 38 a los agremiados

La Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila se pronunció nuevamente en contra de nuevos descuentos que la sección 38 magisterial pretende realizar a sus agremiados por concepto de un seguro de gastos médicos que presuntamente darían derecho a una atención en hospitales privados de tercer nivel como el Muguerza de Saltillo, entre otros.

La supuesta cuota mensual, a rebajarse vía nómina para dicho seguro llega a los 2 mil pesos por trabajador, lo que llevó a que la Coalición realizara una rueda de prensa urgente en la ciudad capital.

Desde que nos agrupamos en la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, hemos expresado que nos asiste la razón jurídica en la defensa de nuestro derecho a la Seguridad Social, específicamente el reconocimiento constitucional del Derecho Humano a la Salud, señalan en un extenso comunicado que agrega:

Por esa razón, hemos sostenido una lucha contra las leyes lesivas que han sido impuestas por el Gobierno de Coahuila, con la complacencia de la dirigencia de la Sección 38 del SNTE y del STUAC en contra no solo de sus agremiados, sino de todos los derechohabientes del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de Coahuila.

El pasado 25 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la resolución mediante la cual invalidó varios artículos de la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila, por ser contrarios a los principios constitucionales sobre el derecho humano a la salud y a la seguridad social, continúa diciendo.

Los artículos declarados inconstitucionales son los relativos a los Copagos, los Convenios para pago de adeudos y los Planes de Protección que operaban como un modelo comercial de seguro de gastos médicos.

La sentencia del máximo tribunal de justicia en México representa un logro histórico en la defensa de nuestra seguridad social y es el reconocimiento de la justa lucha que como Coalición de Trabajadores de la Educación hemos dado, en el marco jurídico, en contra de leyes que vulneran flagrantemente el derecho humano a la salud y a la seguridad social de los trabajadores de la educación de Coahuila.

No obstante lo anterior, tenemos que señalar que la crisis en los servicios de las clínicas del magisterio se ha intensificado en todo el Estado, pues prevalecen las carencias y las deficiencias, que son iguales o peores que en los últimos años.  Los derechohabientes y beneficiarios seguimos padeciendo la falta de medicamentos y de atención médica, lo que ha mermado la salud de compañeros activos y jubilados.  Esta situación se agrava en estos últimos días, con la pretendida decisión de la administración del Servicio Médico de limitar aún más la atención con el pretexto de la falta de recursos para costear la atención por la falta de ingresos derivado de la resolución de la Corte, afirman.

Por esta razón nos preocupa que, según las declaraciones hasta ahora conocidas, se hagan planteamientos en el sentido de proponer una alternativa que no es congruente con la responsabilidad del Ejecutivo Estatal para cumplir con su obligación como garante de nuestra seguridad social. En lugar de tratar de sacarle la vuelta a la resolución de la Corte, el Gobierno del Estado debería responder a ella implementando mecanismos de refinanciamiento de la institución, para mejorar sus condiciones de operación y ofrecer ya una atención de calidad, sin regatear recursos para los trabajadores de la educación y sin considerarlos una carga para el erario.

La decisión de atender a los derechohabientes, por vía subrogada, en los Centros de Salud Pública o los Hospitales Generales del Estado, no asegura la solución a nuestro problema de salud, porque es bien sabido que tales espacios tienen tantas o más carencias que el propio Instituto de Servicio Médico.

Preocupa e indigna también la insistencia de las autoridades y dirigentes de la Sección 38 en presionar a los trabajadores y a los jubilados para que hagan aportaciones y pagos no establecidos en la ley, para contratar seguros de gastos médicos a través de aseguradoras o de una sociedad mutualista, como condición para recibir una atención médica, con lo cual se incurre en discriminación por trato distintivo para derechohabientes.
 Dicha pretensión es inaceptable porque el Gobierno del Estado quiere burlar la resolución de la Corte, con la complicidad de los dirigentes de la Sección 38, instrumentando esquemas de contratación de seguros de gastos médicos para evadir su obligación constitucional de prestarnos un servicio médico de calidad, completo y oportuno.

El quebranto financiero y, como consecuencia, el pésimo servicio del Instituto del Servicio Médico, viene de mucho tiempo atrás y no fue provocado ni por los trabajadores ni por los pensionados. Es público y sabido que una de las causas principales son las irregularidades administrativas de las que dan cuenta las denuncias penales presentadas por la propia Auditoría Superior del Estado, por un presunto daño de más de mil trecientos millones de pesos a las Instituciones del Seguridad Social del Magisterio, de los cuales más de 424 millones corresponden al Servicio Médico, y sin embargo, nada ha informado el Gobierno del Estado sobre investigaciones que se hubieran realizado en torno a estas denuncias en las que estarían involucrados distintos administradores y funcionarios de la Institución, en presunta complicidad con otras figuras del ámbito sindical del SNTE.

Por otra parte, los informes oficiales del propio Servicio Médico, refieren las grandes cantidades que registran las cuentas por cobrar a corto y largo plazo, en las que se describen los adeudos del Estado, la UAAAN y la UAdeC a través de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE), que al cierre del segundo trimestre de 2020 ascienden a más de 748 millones de pesos, de los cuales el mayor adeudo es de la cuenta institucional del Estado (más de 520 millones de pesos), en tanto que la cuenta de la UAdeC registra un adeudo de más de 175 millones, y la UAAAN por casi 30  millones.  También tiene adeudos el Fondo de la Vivienda por más de 10 millones.

Como derechohabientes afectados, seguiremos insistiendo en que, si se resuelve de fondo el tema de la corrupción, la mala administración y se pagan los adeudos del Gobierno del Estado y las otras instituciones, el Servicio Médico tendría recursos para operar eficientemente. Por el contrario, presionar a los trabajadores y jubilados para pagar seguros médicos adicionales, seguir permitiendo las irregularidades administrativas y que el Gobierno Estatal y los demás patrones evadan su obligación de pagar sus deudas, mantendrá a la institución en el pésimo estado en el que se encuentra actualmente.

Por otra parte, es necesario que el gobernador disponga espacios para dialogar con todos los derechohabientes legítimamente interesados como la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, integrada por grupos y asociaciones de trabajadores activos y jubilados del sistema educativo estatal, el SUTAUAAAN y las Asociaciones de Pensionados de la UAAAN y la UAdeC.

Aun cuando se quiera imponer a los trabajadores y pensionados de la Sección 38 del SNTE un seguro médico comercial disfrazado con el nombre de plan de protección u otro eufemismo, como lo hicieron en el pasado, para luego extender esta obligación a los derechohabientes de las universidades, ya no podrán engañarnos porque la razón jurídica está de nuestro lado.

Por todo lo anterior, reiteramos: la Coalición de Trabajadores de la Educación se pronuncia en contra de cualquier forma de pagos adicionales, inconstitucionales y fuera de la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Seguiremos en la lucha. Nuestra participación crítica persistirá hasta lograr un Servicio Médico completo, oportuno y de calidad, concluye el comunicado.