Decreto de austeridad paraliza funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Federación dio a conocer las repercusiones del decreto de austeridad federal, pues además de paralizar las operaciones en todo el país, está en riesgo la información del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) que contiene datos personales de más de 34 mil 215 víctimas en el país.
A través de un comunicado. dicho organismo detalló que el decreto publicado el pasado 23 de abril del año en curso frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.
Aunque la CEAV argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos, se puede leer en el documento.
Y es que la CEAV tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
En el comunicado, se establece que los gastos de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados para la operación de la CEAV, por lo que resta del año ascienden a 121.9 millones de pesos; ya que dicha institución no es propietaria de ningún inmueble.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refrenda su compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas, se lee en el documento.
Además de enumerar algunos de los impactos que tendrá dicho decreto de austeridad y el recorte presupuestal realizado por la SHCP, tales como: un ajuste en la nómina, pues la mayoría de los puestos de trabajo, son eventuales o de outsourcing
No podrán pagar la renta, ni los servicios de agua, luz, telefonía e internet de los 32 Centros de Atención integral en todos los estados del país; ni el cumplimiento de contratos por 121.9 millones de pesos.
Perderemos el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras, es otro de las afectaciones.
Con dicho recorte se dejará de apoyar en tramitar nueve mil 862 traslados anualñes de víctimas a audiencias con el ministerio público, los juzgados, la Comisión Nacional de Derechos Humano o diligencias de búsqueda.
No se podrá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año, ni se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes. Y las siete mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica; se detalla en el comunicado firmado este martes 02 de junio de 2020.
