Caso de corrupción de menores podría ser calificado como trata de personas, debe investigarse: Abogado litigante
El caso del hombre detenido en su domicilio en la colonia Los Laureles de Piedras Negras el pasado fin de semana, tras la denuncia de vecinos de que tenía en su casa a menores de edad, entre ellas una de 12 años; y su posterior liberación pese a ser detenido en flagrancia; ha generado controversia por el proceder de las diversas autoridades que intervienen en este tipo de casos.
Carlos Javier Vargas Méndez, abogado litigante, consideró necesario investigar varios matices de los hechos, tales como la denuncia que no fue presentada por parte de los padres de familia y precisó que, existe la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), dependencia que ejerce el papel de suplencia de quienes tienen la tutela de los menores.
En un caso concreto, si los que tienen la tutela o la representación jurídica de un menor de edad, no ejercen los derechos de acuerdo con los intereses superiores del menor; entonces existe la facultad, incluso la obligación de la propia PRONNIF de exigir el cumplimiento de esos derechos, de representar los derechos e intereses del menor, indicó el abogado litigante.
AUDIO: 07JUL21 CASO MENORES 01
Vargas Méndez considera que, conforme a la información que se difundió sobre que una de las menores solicitó auxilio a vecinos del lugar; lo que hace presuponer que no podía irse o retirarse del lugar de manera voluntaria.
Por lo tanto, de estarse ejerciendo un poder de coacción para que no se retirarán del lugar, constituye una conducta que pudiera calificarse como trata de personas.
Precisó que, considerando dicha figura delictiva, la FGE tiene la facultad de investigar pues cuenta con una Fiscalía Especializada de Trata de Personas o, en su caso, puede declararse incompetente y turnar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR).
Conforme a la información que se dio a conocer a través de los medios de comunicación, el hecho de haber sido detenido en flagrancia y no haberse judicializado; existe la probabilidad de que la persona pueda evadirse de la justicia en un futuro.
Lo anterior, considerando que si en lugar de seguirle una investigación por corrupción de menores, se le investiga por trata de personas va a ser muy difícil que se traiga a la justicia a esta persona.
Respecto a las declaraciones emitidas por la FGE, respecto a que la PRONNIF no presentó la denuncia correspondiente; consideró que implica que pudiera incurrir en una responsabilidad y que otras instituciones defensoras de derechos humanos podrían investigar de manera oficiosa.
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