Espera Familias Unidas pronunciamiento de la Corte Penal Internacional sobre delitos de lesa humanidad en Coahuila

La Corte Penal Internacional continúa revisando el comunicado sobre delitos de lesa humanidad cometidos en Coahuila, el cual se presentó hace casi cuatro años, por lo cual aún se espera el pronunciamiento por parte de dicho organismo.

Ariana García Bosque, representante legal de la organización civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, considera una esperanza que aún no les han dado resultado pues siguen investigando.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sigue analizando el caso, el caso no esta cerrado, hay quienes han pensado que este caso ya ha sido cerrado, no es así. Estos casos ante la Corte Penal llevan años, no es un proceso común, indicó García Bosque.

Precisó que, a raíz de la continuación de la documentación que se hace, siguen aportando información a esta comunicación; es decir, siguen evidenciado todos los actos perpetrados por las diversas corporaciones de seguridad.

Existe un nexo muy puntual, entre la causa y el efecto de este tipo de ataques que genera el Estado y estamos en espera de eso este año de una respuesta, esperamos firmemente que la Corte Penal Internacional, admita a proceso esta comunicación, indicó la abogada litigante.

Además de recordar que, también tienen abierta la comunicación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ya fue admitida y por ello, siguen colaborando con el resto de las investigaciones.

Cabe recordar que fue el pasado 05 de julio de 2017 cuando la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y varias organizaciones mexicanas; entre ellas Familias Unidas, emitieron una comunicación o informe al Fiscal de la CPI.

Se trate de la comunicación denominada México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que solicitaron abrir un examen preliminar sobre los graves crímenes cometidos en el estado mexicano de Coahuila, de 2009 a 2016.

Cabe recordar que, dicha comunicación se realizó en función de una investigación, así como el análisis jurídico de casos de detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada; así como de 73 expedientes de víctimas.