Desde 2017 México pidió a EU devolver recursos asegurados en las Bahamas por Megadeuda de Coahuila

Desde hace tres años y nueve meses, el Gobierno de México solicitó a las autoridades de los Estados Unidos la devolución de recursos asegurados en cuentas en las Bahamas y que consideraban, se trataba del dinero que fue obtenido en préstamos al Estado de Coahuila de manera ilícita; refiriéndose a la llamada megadeuda de Coahuila. La dependencia que hizo dicha petición fue la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Lo anterior, conforme a datos de prueba que presentó la Fiscalía General de los Estados Unidos, para dictar sentencia en contra de Jorge Juan Torres López, ex gobernador interino de Coahuila; quien enfrenta un proceso por el delito de lavado de dinero. Uno de estos datos de prueba, fueron dos documentos de la PGR, emitidos en septiembre y noviembre de 2017, a través de los cuales solicitaba la devolución de recursos asegurados por las autoridades norteamericanas.

Dicha dependencia federal consideraba que, dichos recursos corresponden a los préstamos obtenidos con diversos bancos de forma fraudulenta y que, actualmente, forma parte de la llamada Megadeuda de Coahuila, explicando que dicha situación generó que las aportaciones federales para Coahuila estén comprometidas por 20 años, a partir del 30 de septiembre de 2011.

La mencionada solicitud se presentó un año antes de concluir la administración federal que encabezó Enrique Peña Nieto; según las fechas de los documentos, los cuales fueron dirigido a Jeff Sesiones, entonces Fiscal General de los Estados Unidos y al área de lavado de dinero y recuperación de activos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

La PGR se pronunció en relación al proceso de decomiso de bienes civiles de 2015 que realizó los Estados Unidos de América, a través del Departamento de Justicia; para recuperar fondos sustraídos al Gobierno de México por acciones conjuntas del ex tesorero interino del Estado de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández y el ex gobernador interino del mismo estado, Jorge Juan Torres López.

“La Fiscalía General Adjunta de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada dependiente de esta Fiscalía General de la República investiga a Héctor Javier Villarreal Hernández y otros por la comisión del delito de Operaciones con el Producto de la Actividad Ilícita”, fue lo que estableció la PGR en el documento.

Detalla que lo anterior queda acreditado en una averiguación previa y establece que Villarreal Hernández, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, y otros funcionarios; presentaron documentación falsa de los activos del Gobierno del Estado de Coahuila, a diversos bancos para obtener préstamos a nombre de la entidad. Hace referencia a los bancos: Banco del Bajío, Banco BBVA Bancomer y Banco Santander, que en conjunto suma una cantidad de: 5 mil 300 millones de pesos.

Se informa que, para obtener los préstamos, le citado funcionario estatal presentó una publicación falsa del Periódico Oficial del Estado de los Decretos, donde el Congreso del Estado autorizó la tramitación y obtención de los préstamos asignando los fondos de ingresos federales; así como un supuesto registro del préstamo en la Unidad de Coordinación con Entidades Federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Estos préstamos fueron depositados en las cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, mezclándolos con fondos propios del Estado y otros fondos de reparto de ingresos federales con la aparente intención de ocultarlos y poder retirar ilegalmente los mismo. En los registros se comprobó que el Gobierno del Estado de Coahuila realizó un retiro de los préstamos fraudulentos de sus cuentas bancarias”, se puede leer en el documento.

También informa que, el Estado de Coahuila decidió refinanciar la deuda y el 19 de agosto de 2011 se publicó el Decreto número 534 por el cual el Congreso autoriza al Estados de Coahuila de Zaragoza, a contratar préstamos para refinanciar la deuda pública estatal y garantizar sus pagos con aportaciones federales y fondos federales. Lo anterior, porque inicialmente no se hicieron los pagos a los bancos, ya que los fondos de los préstamos ya no existían.

“Por la presente solicito respetuosamente el reclamo y la remisión de los fondos repatriados a los Estados Unidos desde Bermuda, depositados en el Fondo de Confiscación del Departamento del Tesoro, que se relacionan con la investigación realizada en esta Procuraduría General de la República”, refiere el documento que contiene el sello de la PGR en la parte superior izquierda y firmado por el licenciado Alberto Elías Beltrán, Procurador General Adjunto de Asuntos Jurídicos e Internacionales actuando en ausencia del Procurador General de la República.