Inicia INE revisión de 9 millones de firmas para revocación de mandato

A partir de hoy, el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará a verificar nueve millones de rúbricas para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador para descartar firmas de muertos, personas en prisión, credenciales vencidas o duplicados, para poder llegar a 2.7 millones válidas. 

El sábado se venció el plazo que impuso el INE para que hasta el último minuto del 25 de diciembre se pudieran entregar los apoyos de la ciudadanía para lograr que el próximo año, las y los mexicanos definan si López Obrador puede concluir su sexenio o, por primera vez en la historia, un presidente de la República deberá renunciar a la mitad de su gobierno por pérdida de confianza. 

El calendario del INE indica que a partir de este domingo 26 de diciembre, deberá comenzar el proceso de verificación y digitalización de firmas entregadas en formatos impresos que, de manera preliminar, serían al menos nueve millones de rúbricas, por lo que la autoridad electoral comenzó la apertura de más de mil cajas el pasado lunes, y hasta este momento, sólo se tiene el registro de los apoyos digitales. 

La consejera Claudia Zavala explicó en entrevista con MILENIO que el proceso es más lento porque se trata de un trabajo minucioso que implica varias etapas. “Empieza un equipo a revisar que sea el formato original, que lleve la credencial de elector, que cuente con los datos que se pidieron, si reúne esos requisitos pasa al segundo equipo que es de captura y ya lo va a estar capturando para poder verificarlo después con el padrón y cuando se hace el cruce de ese padrón que se capturó, ahí arroja si hay alguna inconsistencia. 

Las inconsistencias implican, primero, que los datos del formato físico no sean correctos o falte algún elemento, como copia de credencial de elector, nombre o clave de la persona que entregó su apoyo. 

Una vez con los datos correctos, las irregularidades que se pueden detectar es que la credencial esté vencida o que ya esté dada de baja en el padrón; esto podría ser porque la persona perdió sus derechos político-electorales, porque se encuentre en prisión con sentencia firme por haber cometido algún delito o porque quien presuntamente firmó en realidad ya falleció. 

“Nosotros somos muy cautos en este procedimiento porque los representantes de los promoventes están ahí y cuando se abre una caja están ellos, está la Oficialía y se empiezan a contar, y que cumplan con los requisitos. 

Obviamente, algunas no pasarán los requisitos y tendrán que ser excluidas. “Y lo último es que, ya que esté constatado todo eso, vamos a hacer el cruce para ver si no hay repetidos entre los que presentaron en papel; ya que tengamos depurado, eso vamos a hacer el cruce con los que presentaron en app para que no haya duplicados”. 

La consejera recordó que después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les ordenó aceptar los formatos físicos en todo el país y no únicamente en los municipios de mayor marginalidad, el Consejo General del INE recorrió las fechas para poder revisarlos y esto, además, implicó ampliar en un cinco por ciento las cifras válidas para que al llegar al equivalente al 3.5 por ciento de la Lista Nominal detener la validación para reducir costos. 

La ley indica que se deben reunir el tres por ciento de la Lista Nominal nacional, es decir, 2 millones 758 mil 277 firmas válidas y que, a su vez, impliquen al menos el tres por ciento de la Lista Nominal de 17 entidades federativas. “Una vez que alcancemos 3.5 por ciento de cédulas válidas, ya con todo este procedimiento de depuración, entonces se va a informar al Consejo que ya se alcanzó ese porcentaje porque lo que nosotros necesitamos es el tres por ciento de la Lista Nominal disperso en 17 entidades federativas, cuando el área dice que ya llegamos a 3.5 inmediatamente vamos a hacer del conocimiento del Consejo General para que se pueda actuar en consecuencia”. 

Las últimas dos semanas de enero, la autoridad electoral tomará una muestra de entre el dos y tres ciento de las firmas ya validadas para visitar casa por casa a las personas que aparentemente dieron su apoyo, para corroborar que lo hayan hecho de manera libre y descartar como en otros ejercicios, cuando usurparon sus datos personales. 

El secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, deberá entregar este informe a más tardar el 3 de febrero al Consejo General para que entonces, la autoridad electoral tenga la obligación de lanzar la convocatoria formal el 4 de febrero, momento para el que se espera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya haya resuelto de fondo la controversia constitucional sobre las dimensiones en que se deberá realizar este ejercicio. 

Si se debe cumplir con los requisitos legales e instalar alrededor de 162 mil casillas como en la pasada elección federal y, entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá entregar dos mil 300 millones de pesos o por el contrario, se autoriza al INE incumplir con el mandato legal y realizarla en menor dimensión con los mil 503 millones de pesos con que cuentan.

Con información de Milenio