Siete estados concentran crisis forense en México, urge ONU agilizar identificación de cuerpos

Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León tienen 71% de los 52 mil cuerpos sin identificar que están en fosas comunes, servicios forenses y universidades: alrededor de 37 mil cadáveres.

De acuerdo con el informe sobre desaparecidos en México, de la ONU, dicha cifra no incluye los 100 mil desaparecidos o los fragmentos óseos que todos los días recogen activistas y familiares de personas ausentes.

El reporte señala que los servicios forenses son insuficientes y no se cuenta con una política pública de identificación humana con relación a los extraviados. Según expertos, bajo el actual esquema México se llevaría 120 años para darle nombre y rostro a los cuerpos que están en las morgues, sin contar con los que cada día se suman a este escenario.

Urge al país fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.

Según la Organización de Naciones Unidas, los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran 36 mil 920 cuerpos no identificados que están en las fosas comunes, es decir, 71% del total.

En su informe sobre desaparecidos en México, asevera que actualmente hay 52 mil cuerpos en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.

Esa cifra no incluye los casi 100 mil desaparecidos que actualmente hay en México, según la ONU, ni los miles de fragmentos de restos humanos que todos los días recogen las familias y activistas que buscan extraviados a lo ancho y largo del país.

El informe, dado a conocer el martes pasado, asegura que los servicios forenses son insuficientes y no se cuenta con una política pública de identificación humana con relación a los extraviados.

Según expertos citados por Naciones Unidas, bajo el actual esquema de identificación, México se llevaría 120 años en poder darle nombre y rostro a los cuerpos que están en las morgues, sin contar con los cuerpos que cada día se suman a este escenario.

La gravedad de las desapariciones, la diversidad e intensidad de los impactos obliga a una implementación urgente de políticas transversales para atacar este mal, asevera el informe de la ONU.

En el apartado de recomendaciones, el informe identifica las medidas que debería tomar México para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas.

El Comité también urgió al país a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.

Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, concluyó el Comité.

Además, el Comité tomó nota de que, pese a los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.

De acuerdo con el estudio, entre 2006 y 2021 se produjo un crecimiento exponencial, pues 98% del total de desapariciones forzadas en México se dio en dicho periodo.

A pesar de que el gobierno de Nuevo León no ha reconocido una ola de desapariciones de mujeres, el gobernador Samuel García anunció una partida extra de 50 millones de pesos para la Comisión Estatal de Búsqueda y la implementación del Código Alba, en la entidad, entre otras medidas.

En rueda de prensa, el mandatario del estado detalló acciones urgentes para atender el tema de las desapariciones.

El emecista compartió que se duplicará el presupuesto que recibe la Comisión, encabezada por María de la Luz Balderas, quien hace unos días aseguró que gran parte de los reportes de desapariciones de mujeres que se reciben son de personas que se fueron por su voluntad.

A la Comisión hoy se le dio una ampliación presupuestal de 50 millones de pesos para que tenga mucha más capacidad de análisis de búsqueda y de coordinar todo el protocolo que ya existe en la ley y en estándares internacionales, indicó.

También informó que se implementará el Código Alba, que amplía los ya existentes como el Amber.

Lo que pide es una reacción inmediata no sólo de autoridades, sino también de gasolinerías, hoteles, cámaras, entre muchos otros organismos civiles, mencionó.

En las últimas semanas, dos casos de desaparición que han alertado a la ciudadanía por el riesgo que corren las mujeres son los de María Fernanda Contreras y Debanhi Escobar.

Con información de Excélsior