Habría mentido Javier Villarreal en el caso García Luna; está en riesgo veredicto en EU

El caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, ha tomado un giro inesperado en una corte de Estados Unidos. Su veredicto de culpabilidad por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero se encuentra ahora en riesgo, debido al testimonio proporcionado por Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira.

Los abogados de García Luna han presentado documentos al juez Brian Cogan, encargado del caso, impugnando el testimonio de Villarreal de dos maneras fundamentales. Primero, cuestionan su credibilidad, y segundo, acusan a la Fiscalía de ocultar información crucial sobre las actividades ilícitas de Villarreal.

Villarreal, quien fuera testigo estelar de la Fiscalía federal en el juicio contra García Luna en 2023, ha sido señalado como una figura clave en este caso. Sin embargo, los abogados defensores argumentan que Villarreal carece de credibilidad debido a sus declaraciones falsas y su presunta participación en actividades ilícitas.

En sus declaraciones ante el juez, Villarreal afirmó que García Luna mantenía una estrecha relación con Humberto Moreira durante el período en que ambos ocupaban cargos importantes en México.

Sin embargo, la defensa de García Luna ha presentado pruebas que desmienten estas afirmaciones, mostrando inconsistencias en la agenda de García Luna y evidenciando que algunos encuentros mencionados por Villarreal nunca ocurrieron.

Además de las mentiras en sus declaraciones, la defensa de García Luna también ha destacado la participación de Villarreal en actividades ilícitas mientras colaboraba con el Departamento de Justicia en el caso contra García Luna. Esta revelación podría invalidar cualquier acuerdo hecho entre Villarreal y los fiscales.

La estrategia de la defensa también incluye acusaciones contra la Fiscalía por ocultar información relevante sobre las actividades financieras irregulares de Villarreal. Se refieren a una presunta “Violación Brady”, que obliga a las autoridades a proporcionar información que pueda desacreditar a un testigo en su contra. En este caso, los abogados de García Luna argumentan que la Fiscalía ocultó investigaciones sobre lavado de dinero contra Villarreal, lo cual podría haber afectado su credibilidad como testigo.

La investigación revela que Villarreal ha estado utilizando una tarjeta bancaria a nombre de otra persona para realizar pagos en varios establecimientos en Texas. Estos hallazgos podrían comprometer el acuerdo que Villarreal tiene con los fiscales como testigo cooperador.

En última instancia, tanto las mentiras en las declaraciones juradas como la participación en actividades ilícitas de un testigo son fundamentos para anular un proceso judicial en el sistema estadounidense. 

El destino de García Luna ahora pende de un hilo mientras el juez considera estas nuevas revelaciones y su impacto en el veredicto previamente emitido. Martino Hernández denunció este hecho en la Fiscalía de San Luis Potosí. 

Dijo que él había trabajado con el padre de Villarreal en una empresa llamada “Impulsora de Multiservicios Industriales” y sospechaba que Villarreal y su padre habían abierto una cuenta a su nombre sin su consentimiento en Banca Afirme.

Según la investigación, la empresa es propiedad de Héctor Javier Villarreal García, padre del exfuncionario coahuilense, y es utilizada para canalizar dinero a su hijo en San Antonio, para complementar su ingreso.

Los abogados relatan que Humberto Moreira supo de esa investigación cuando contrató a un abogado en Texas, ante la sospecha de que Villarreal declararía en su contra. Los abogados de Moreira entregaron la información sobre Villarreal a un Fiscal federal en San Antonio, pero éstos no tomaron acciones.

Según el documento, abogados de Moreira informaron de esa investigación a Miguel Madrigal, un oficial de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en Texas, que formó parte del equipo que construyó el caso contra García Luna, e incluso declaró en su contra el juicio. Madrigal y los fiscales tenían la obligación de informar sobre esa investigación a la defensa, pero no lo hicieron.

Los abogados de García Luna afirman que con la información sobre el posible lavado de dinero de Villarreal y de su falsedad de declaraciones, hubiera sido posible “desacreditarlo completamente”.

“Al privar a la defensa de su habilidad para demostrar que Villarreal era un político mentiroso y corrupto que seguía cometiendo delitos aun trabajando con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno impidió un juicio justo”, señala la carta enviada al juez Cogan.