Ley antimigrante de Texas "sembrará el caos en la frontera": Casa Blanca

La Casa Blanca rechazó la controvertida ley de Texas que permite detener y expulsar a personas que consideren sospechosas de haber cruzado la frontera con México de manera irregular. 

La portavoz del gobierno de Joe Biden, Karine Jean-Pierre, criticó la decisión de los magistrados del máximo tribunal y calificó a la legislación, conocida como SB4, de inconstitucional. 

La normativa “no sólo hará que las comunidades en Texas estén más inseguras, sino que supondrá una carga para las autoridades locales, sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur“, señaló.

La jefa de prensa de la Casa Blanca añadió que la legislación, que fue aprobada por el Congreso estatal de Texas el año pasado, es un ejemplo de la “politización de la frontera por parte de los republicanos”.

La decisión de la Corte Suprema de este martes permitirá a las autoridades de Texas hacer cumplir esta nueva ley mientras un tribunal en menor instancia examina una demanda presentada por el gobierno de Biden y organizaciones en defensa de los derechos humanos. 

Los demandantes habían pedido a la Corte que detuviera la implementación de la medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones, en Nueva Orleans, Louisiana. 

La ley, una de las medidas antimigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero ingrese o intente entrar al estado desde una nación extranjera de forma irregular. La falta se convierte en un delito grave, con sentencias de hasta 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite que las autoridades estatales ordenen la expulsión de personas sin un proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó de manera irregular al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

Inicialmente, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.