Reforma Judicial genera incertidumbre, tendrá gran impacto en Coahuila: Miguel Mery

El jueves se celebró en el Congreso de Sinaloa el noveno y último foro previo a la discusión de la Reforma Judicial. Durante el evento, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup, detalló que, si la reforma se aprueba y se implementa a nivel local, se requerirá la elección de 16 magistrados para el Tribunal Superior de Justicia, cuatro magistrados para los tribunales distritales, y aproximadamente 110 jueces en diversas áreas, incluyendo civil, familiar, mercantil, penal y laboral. 

Esta reforma, según Mery, representaría un proceso electoral de gran magnitud cuya viabilidad sigue en debate.

Respecto al método de elección, Mery Ayup señaló que aún no se ha definido. Aunque se han propuesto opciones como la insaculación o el sorteo, estas ideas son aún especulativas, ya que no se ha publicado un texto definitivo que detalle el proceso electoral para jueces y magistrados.

Preocupación en el gremio judicial

Mery destacó la creciente preocupación entre jueces y magistrados, quienes consideran que no han sido consultados adecuadamente en el proceso de reforma. Aunque se menciona que los perfiles de los candidatos serán evaluados, persisten muchas dudas sobre cómo se realizará esta evaluación y cómo impactará en la designación de nuevos jueces.

El magistrado también explicó que la reforma podría dividirse en dos partes: una para el Poder Judicial Federal y otra para los poderes judiciales locales, lo que podría generar diferencias en su aplicación a nivel local en comparación con el nivel federal. Además, indicó que el proceso de reforma podría prolongarse debido a las múltiples modificaciones al código que se están considerando, lo que sugiere una implementación gradual.

Costo significativo en liquidación de personal

En cuanto a la liquidación del personal actual, Mery subrayó que el costo podría ser considerable, alcanzando estimaciones de hasta 100 mil millones de pesos. Expresó la importancia de asegurar que los derechos adquiridos por los servidores públicos no se vean afectados, y mostró preocupación por el impacto que esta reforma podría tener en aquellos con muchos años de servicio en el Poder Judicial.

Es una cantidad enorme. No sé cómo van a proteger los derechos de una persona con 22 años de servicio en el Poder Judicial, que ha trabajado con honradez, eficiencia y normalidad, manifestó Mery.