Reforma judicial preocupa a representante de Comercio de EU

Katherine Tai, representante Comercial del gobierno de Estados, reconoció que la reforma al Poder Judicial de México ha despertado preocupaciones en su país.

La detección de estas inquietudes entre los empresarios e inversionistas estadounidenses constituye un factor a considerar en la relación que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tendrá con la recién llegada presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró Katherine Tai, según un reporte publicado por la agencia de noticias Bloomberg.

La reforma judicial aprobada en septiembre pasado y ya puesta en funcionamiento prevé la designación de jueces, magistrados y ministros por medio de voto popular, un mecanismo inédito en la historia de México, que ha despertado dudas y franca desconfianza entre actores económicos nacionales y extranjeros, ante la percepción de que los nuevos jueces no serán profesionales ni autónomos.

De ahí la relevancia de los comentarios de Katherine Tai, quien reconoce la existencia de temas que siguen abiertos en las relaciones económicas y de negocios bilaterales. “Hay muchos desafíos, muy, muy importantes entre nosotros”, aseguró Tai, citada por Bloomberg.

Por lo pronto, la funcionaria estadounidense espera que pronto pueda hacer contacto con Marcelo Ebrard Casaubón, nuevo secretario de Economía, cuya dependencia que se encarga de las relaciones comerciales de México con el exterior.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos; Larry Rubin, líder de American Society capítulo México, y la Cámara Americana de Comercio (AmCham), entre otros personajes y organizaciones empresariales norteamericanos, manifestaron sus preocupaciones y dudas sobre la reforma judicial antes de que fuera aprobada.

Coincidieron en que un proceso de elección de juzgadores por voto popular puede socavar la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial, en detrimento del Estado de derecho.

También advirtieron que la percepción de un deterioro del ambiente de negocios por la pérdida del Estado de derecho provocará la cancelación de nuevos proyectos de inversión en México.