Ministra Norma Piña rinde su segundo informe entre tensiones institucionales

La ministra Norma Lucía Piña Hernández presentó su segundo informe de actividades como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 

Durante el acto, realizado en el edificio sede del máximo tribunal del país, Piña subrayó la importancia de la independencia judicial como un pilar esencial para la democracia mexicana.

En su discurso, destacó los retos derivados de la Reforma al Poder Judicial, aprobada en 2023, calificándola como un “escenario sin precedentes a nivel mundial”. 

Señaló que dicha reforma ha generado prácticas de desestimación hacia la autoridad judicial y ha abierto paso a amenazas recurrentes de juicios políticos. 

“No es una historia de vencedores y vencidos; no se sabe el resultado de dicha Reforma”, afirmó la ministra presidenta.

El evento evidenció la creciente división entre los poderes del Estado. Ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni los presidentes de las Cámaras del Congreso asistieron al informe. 

En representación del Ejecutivo federal, acudió César Yáñez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, marcando un contraste con años anteriores, cuando las autoridades de los tres poderes solían estar presentes.

El ausentismo también se reflejó al interior del Poder Judicial Federal (PJF), pues tres de los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral no asistieron al evento. 

Entre ellos, la presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuente y Felipe de la Mata, quienes han emitido resoluciones favorables a Morena y avalado la reforma judicial.

En contraste, estuvieron presentes ministros en retiro como Guillermo Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora, reafirmando su respaldo a la independencia judicial.

En el informe se recordó que, en 2023, a pesar de las tensiones entre el Gobierno federal y el Poder Judicial, estuvieron presentes figuras como Luisa María Alcalde, entonces secretaria de Gobernación, y Marcela Guerra, expresidenta de la Cámara de Diputados.

El evento marca un punto de inflexión en las relaciones entre el Ejecutivo y el Judicial, en un contexto donde las reformas y las tensiones políticas han transformado las dinámicas entre ambos poderes.