Incluso encarcelados Z-40 y Z-42 sumarían 18 asesinatos de custodios: SSPC

Fuentes de seguridad revelaron la posible participación de los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, alias Z-40 y Z-42 respectivamente, en el asesinato de 18 custodios de los penales en los que estuvieron recluidos en México antes de ser entregados a la justicia de Estados Unidos.

Según fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), direcciones de los penales en México donde estuvieron presos los ex líderes de Los Zetas, quienes operaban en Coahuila, reportaron los homicidios de custodios en los que se les vincula.

Una investigación presentada ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington, indicó que incluso los hermanos Treviño Morales operaban desde la cárcel para el Cartel del Noreste, y dichas muertes pudieron haber sido parte de ajustes de cuentas o por actividades contrarias.

La información señala que incluso una de las directoras de los centros penitenciarios donde estuvieron los hermanos Treviño Morales padecía de trastornos del sueño debido a la situación de estrés que se padecía en las celdas.

Todas estas actividades pudieron haberlas desempeñado incluso desde el Centro Federal de Readaptación Social número 15 de Chiapas, donde estuvo internado el Z-40 y en el Centro Federal de Readaptación Social (CERESO) Número 12 de Guanajuato, donde se encontraban previo a sus extradiciones.

Las autoridades sostienen que la reciente entrega de 29 líderes criminales a Estados Unidos, entre ellos los hermanos Treviño Morales, generó una despresurización del estrés que se padecía en los penales del país.

La mayoría de los criminales entregados estaba esperando procesos en mayor parte por delincuencia organizada, tráfico de drogas y múltiples asesinatos o desapariciones.

El Z-40 y el Z-42 operaban en estados de la zona norte del país, entre ellos Coahuila y se les señala como autores de crímenes que han marcado a la entidad, como “La Masacre de Allende” y por usar el penal de Piedras Negras para la comisión de ilícitos.

Autoridades aseguran que las entregas ayudan a no pagar otros costos que hasta la fecha se estaban generando en los centros penitenciarios del país, no necesariamente monetarios.