Aprueba Congreso de Coahuila ley para regular centros de atención a las adicciones

El Congreso del Estado de Coahuila aprobó la creación de la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones, con el objetivo de supervisar y regular los centros que brindan atención a personas con consumo perjudicial de sustancias psicoactivas o con adicción.

La iniciativa fue presentada por el diputado Jorge Arturo Valdés Flores, del Partido Verde Ecologista de México, y busca establecer una coordinación entre el estado y la federación para garantizar que estos establecimientos operen bajo criterios de atención integral, ética y profesional, además de salvaguardar los derechos humanos de los usuarios.

Durante el análisis de la propuesta participaron organismos autónomos como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, así como diversas dependencias del Gobierno de Coahuila, en congruencia con el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas. La iniciativa fue suscrita por la totalidad de la LXIII Legislatura, lo que refleja un consenso general sobre la necesidad de atender esta problemática.

Entre los puntos centrales de la nueva ley destaca la prohibición de cualquier forma de internamiento forzoso o coercitivo, estableciendo el consentimiento informado como requisito indispensable para el ingreso y tratamiento de los pacientes. Asimismo, se fijan lineamientos para prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes, y se refuerza la obligación de notificar los ingresos y egresos ante el Ministerio Público.

La legislación también armoniza el marco estatal con los estándares federales y con las guías y lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, con el fin de fortalecer la supervisión y el funcionamiento de estos centros.

De acuerdo con el dictamen aprobado, el estado ejercerá sus facultades para supervisar estos establecimientos mediante un órgano colegiado que articulará la participación de dependencias relacionadas con salud, seguridad, procuración de justicia, derechos humanos, desarrollo social y protección civil, sin invadir competencias federales.

Con esta ley, se busca que los centros de atención a las adicciones operen en condiciones de seguridad, legalidad, respeto a los derechos humanos y calidad técnica.