México Evalúa advierte recortes en seguridad, salud e inversión para sostener gasto social

En un contexto de bajo crecimiento económico y mayores presiones sobre las finanzas públicas, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido como prioridad los programas sociales, pero a costa de recortes en rubros como inversión, salud y seguridad, según un análisis de México Evalúa. El organismo señala que en 2025 la economía mexicana creció apenas 0.8 por ciento, mientras el déficit fiscal cerró en 4.8 por ciento del Producto Interno Bruto y el pago de intereses de la deuda alcanzó 1.31 billones de pesos, su nivel más alto desde 1993.

De acuerdo con el estudio, el gasto en pensiones asistenciales siguió absorbiendo una parte cada vez mayor de los ingresos públicos. México Evalúa reportó que en 2025 el gobierno destinó 9.9 por ciento de sus ingresos tributarios al pago de estas pensiones, casi el triple de lo que representaban en 2019. A esto se sumaron transferencias a Pemex por 156 mil millones de pesos, en un escenario de margen fiscal cada vez más reducido.

El ajuste presupuestal, sostiene el centro de análisis, se resintió principalmente en la inversión pública, que cayó 28.4 por ciento respecto al año anterior y se ubicó en 770 mil millones de pesos, su nivel más bajo desde 2008. México Evalúa advierte que este recorte puede tener consecuencias de largo plazo, al debilitar infraestructura y reducir el potencial de crecimiento económico del país.

El estudio también advierte retrocesos en áreas sensibles. Según el documento, el gasto en salud bajó 2.3 por ciento en 2025, mientras que el destinado al Estado de derecho -que incluye seguridad nacional, orden público y justicia- se redujo 1.4 por ciento, pese al contexto de violencia e inseguridad que enfrenta el país.

México Evalúa concluye que la consolidación fiscal no puede sostenerse solo con recortes de corto plazo y plantea la necesidad de una reconfiguración del presupuesto, con medidas que fortalezcan los ingresos estructurales, revisen la presión del gasto rígido, redefinan los apoyos a Pemex y protejan sectores prioritarios como salud, seguridad e inversión pública.