Muerte de agentes de la CIA en Chihuahua desata alarma por posible injerencia de EU en México

La muerte de dos agentes de la CIA en un accidente ocurrido en la sierra de Chihuahua elevó la tensión política en México, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que los estadounidenses realizaban una labor conjunta con autoridades locales sin que el Gobierno federal tuviera conocimiento previo.

El caso tomó otra dimensión cuando se supo que, junto a los dos funcionarios de Estados Unidos, también murieron dos agentes mexicanos. A partir de eso, el Gobierno mexicano solicitó explicaciones tanto al Estado de Chihuahua como a Washington, ante la posibilidad de que se haya vulnerado la soberanía nacional y la Constitución.

Sheinbaum sostuvo que no puede haber agentes de Estados Unidos operando en campo dentro del territorio mexicano sin intervención del Gobierno federal, y subrayó que se trata de un asunto de seguridad nacional y soberanía. Incluso reveló que Donald Trump ha sugerido en conversaciones previas una mayor presencia militar estadounidense para combatir a los cárteles, propuesta que, dijo, fue rechazada por México.

La controversia también ha puesto bajo presión al gobierno de Chihuahua, ya que la presidenta busca esclarecer qué hacían exactamente esos agentes en la entidad y bajo qué tipo de coordinación actuaban. El fiscal estatal, César Jáuregui, ha ofrecido versiones distintas sobre la misión que realizaban los fallecidos, lo que ha incrementado las dudas sobre el alcance real de la colaboración con autoridades estadounidenses.

Especialistas citados en el reporte advierten que la presencia de agencias como la CIA o la DEA en México no es nueva, pero señalan que este caso exhibe la parte más opaca de la relación bilateral en materia de seguridad, así como los límites del discurso oficial sobre soberanía frente a la presión de Washington.

En medio de la polémica, Morena ya pidió que comparezcan ante el Senado la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el fiscal estatal, mientras continúan las preguntas sobre si existió una operación conjunta fuera del marco legal permitido en México.