Vinculan a proceso a Julián "N" y Mauro "N" por delito de fraude en la venta de terrenos, ambos llevarán su proceso en libertad y con restricciones

Este miércoles 20 de mayo, fueron vinculados a proceso Julia N y Mauro N por el delito de fraude en cuantía menor, por la venta ilegal de algunos terrenos en la colonia Lázaro Cárdenas y donde se presume una coparticipación en dicha actividad. Siendo este solo un caso que se ha judicializado donde aparecen como víctimas Patricia Galindo Hernández y su hija. 

Conforme a los datos de prueba presentados, se pudo establecer un modus operandi entre los imputados, donde Julian N vendía los terrenos sin ser el legítimo propietario del mismo, acudiendo inclusive ante notario público a realizar el contrato de compra-venta; lo que daba confianza a la afectada. 

En esta caso se trata de la venta de dos terrenos localizados en la colonia Lázaro Cárdenas, por lo cual se pagaron 220 mil pesos a Julián “N”, quien a su vez transfirió 95 mil pesos a Mauro “N” y 95 mil a Marlon “N”, un testigo que vive fuera del país y a quien también le vendieron un terreno y se lo cambiaron en varias ocasiones; hasta que pidió la devolución de su dinero.

Mientras que en el caso de Mauro N, el primero de los imputados refiere que le depositaba los montos de las ventas, quedándose solo su comisión. Además de referirle a las víctimas que se trataba del director de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila en Piedras Negras. 

Además de presentarse datos de prueba donde se refiere que Mauro “N”, mantenía contacto con la víctima siendo titular de la citada dependencia y quien le refería que tenía que realizar algunos otros pagos adicionales para poder obtener las escrituras de los terrenos. 

Pese a todo lo anterior, ambos imputados llevarán el proceso en libertad. En el caso de Julián N ya se había determinado lo anterior; mientras que en lo correspondiente a Mauro N, la jueza Diana Guadalupe Rocha Garza, resolvió cambiar la medida cautelar. 

Y es que durante la audiencia inicial que se registró el pasado 15 de mayo del año en curso, cuando la defensa del imputado Mauro N solicitó la duplicidad del término constitucional; la jueza determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada. 

Por lo que, durante la reanudación de la audiencia, pese a que las circunstancias por las cuales se impuso dicha medida, como fueron el no atender un citatorio con el ministerio público e intentar obstaculizar la investigación al contactar a un testigo y pedirle que no se involucrara en dicho proceso se mantenían, la juez resolvió cambiar la medida cautelar. 

Estableciendo que Mauro N tiene prohibido salir del Distrito Judicial Río Grande, la entrega de su visa y pasaporte a la Unidad de Medidas Cautelares, no deberá acercarse, ni tener contacto vía telefónica, ni por mensaje o texto o por terceras personas a la víctima ni a testigos, deberá presentarse de manera periódica el último día de cada mes y portará un brazalete electrónico.

Lo anterior, argumentando que el delito que se les imputa es un delito patrimonial de cuantía menor y que pueden tener salidas alternas