Los cuatro frentes de Sheinbaum por las conexiones entre política y crimen organizado: Baja California, Sinaloa, Tamaulipas y Sonora

Desde hace cuatro meses, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, colecciona dolores de cabeza provocados por varios de los gobernadores oficialistas y sus supuestos vínculos con el crimen organizado. Mientras se enroca en la defensa de los máximos mandatarios de Baja California, Sinaloa, Tamaulipas y Sonora con el argumento de la soberanía nacional, se abre una escalada de señalamientos desde Estados Unidos hacia la política mexicana pese a la buena mano que Sheinbaum ha ido mostrando para manejar la relación con su homólogo Donald Trump. La estrategia diplomática basada en el pragmatismo y bautizada como cabeza fría encontró su horma en una serie de acusaciones desde el norte del río Bravo.

La última en unirse a la lista de señalamientos ha sido Marina del Pilar Ávila, la gobernadora en activo de Baja California. A lo largo de la semana se han filtrado un par de audios en los que se le oye, en reuniones con supuestos representantes de Estados Unidos, ofrecer información a la que tuvo acceso como jefa de su Estado a cambio de recuperar su visa y recibir ayuda frente a posibles cargos que pudiera haber en su contra. Hasta se le escucha pactar una reunión en Panamá con el Departamento de Estado de Estados Unidos para finales de agosto. A Ávila, junto a su entonces pareja, el también político Carlos Torres, le quitaron su permiso para ir al vecino del norte hace más de un año. Torres está sujeto a una investigación en México por presuntos nexos con el crimen organizado.

Tanto Sheinbaum como su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han tratado de minimizar el contenido de los audios. La primera puso el foco sobre quién ha filtrado las grabaciones y con qué fin, mientras el segundo apunta a que en las mesas de seguridad en las que estuvo Ávila no se comparte información sensible y entonces no hay delito que investigar. También han pretendido diferenciar entre este caso y el de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a la que se ha acusado de traidora por permitir la participación de personal de la agencia estadounidense en operaciones de campo, un hecho que vulnera la Ley de Seguridad Nacional. Campos es una figura de oposición.

Los audios de Marina Ávila riman con la publicación que hace menos de un mes sacó The New York Times, en la que se apuntaba que al menos 10 políticos de Morena, entre ellos gobernadores y legisladores, se habrían convertido en informantes del Gobierno de Trump, desobedeciendo la orden de cierre de filas contra la injerencia extranjera que pidió Sheinbaum. La publicación puso el foco sobre dos objetivos en específico: los gobernadores de Morena en Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, según cinco personas al tanto de las investigaciones que no estaban autorizadas a hablar de manera pública. Sheinbaum, Durazo y Villarreal, a coro, acusaron al diario de publicar información falsa.

Para Villarreal, hay varios señalamientos de vínculos con el crimen organizado, incluyendo uno de Julio Scherer Ibarra, que fue consejero jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y quien en su libro Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder, acusa que sus campañas políticas fueron financiadas por Sergio Carmona, un empresario apodado El Rey del Huachicol. En el caso de Durazo no está tan claro, ya que los señalamientos públicos hacia él son por casos de presuntos amaños administrativos. Su Estado, Sonora, es una de las rutas estratégicas hacia Estados Unidos por sus casi 400 kilómetros de frontera con Arizona.

Pero el caso que más ha desgastado al Gobierno es el de las acusaciones estadounidenses de colaboración con el Cartel de Sinaloa contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus colaboradores. Estados Unidos asegura categórico que los acusados, entre los que se incluyen el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán y varios altos cargos de seguridad, de la fiscalía y de la policía en el Estado, han protegido en el ejercicio de sus cargos a los líderes del Cartel de Sinaloa de la justicia a cambio de millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cártel. Dos de los acusados ya se han entregado a Estados Unidos, sin que haya trascendido hasta ahora si están o no colaborando con información a cambio de condenas más amables.

Por último, hace pocas semanas, el Departamento de Estado emitió una alerta contra una red de contrabando de combustible operada por el Cartel Jalisco Nueva Generación y, por primera vez, este departamento habló, de manera explícita, de que los criminales usan el dinero sucio para financiar campañas políticas en México como parte de su estrategia de desarrollo. Y que ayudan a que políticos corruptos lleguen a puestos de poder para controlar posiciones administrativas clave que les ayuden en sus operaciones.