Firma PJECZ convenio de colaboración del Programa Aplícate

Con el objetivo de fortalecer la prevención, atender los factores de riesgo asociados al consumo de sustancias y generar oportunidades que contribuyan a evitar la reincidencia, el Poder Judicial del Estado de Coahuila, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Coahuila) y el Ayuntamiento de Saltillo firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el Programa Aplícate, de reinserción para personas en conflicto con la ley por el consumo de sustancias.

La firma se llevó a cabo en Ciudad Judicial de Saltillo, con la participación de familias beneficiarias del programa, así como de autoridades y personal de las instituciones que suman esfuerzos para brindar una atención integral a adolescentes, jóvenes y sus familias.

Aplícate es una estrategia de prevención y atención que busca fortalecer los factores de protección y reducir aquellos riesgos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia y otras conductas que pueden afectar el desarrollo de las y los adolescentes y llevarlos a entrar en conflicto con la ley.

Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, destacó que atender problemáticas de esta naturaleza requiere de la coordinación y corresponsabilidad entre instituciones, familias y sociedad.

Frente a problemáticas tan complejas como las adicciones, la violencia y las conductas que pueden llevar a una persona a entrar en conflicto con la ley, ninguna institución puede trabajar sola. Necesitamos sumar capacidades, prevenir y atender. Pero, sobre todo, necesitamos comprender qué está sucediendo detrás de cada asunto, señaló.

Explicó que detrás de una persona que enfrenta un problema de consumo pueden existir situaciones de violencia, abandono, desintegración familiar, falta de oportunidades, problemas de salud mental o entornos que dificultaron la posibilidad de tomar decisiones diferentes.

Precisó que comprender estas circunstancias no significa justificar las conductas contrarias a la ley, sino contar con mayores herramientas para atenderlas de fondo y reducir las posibilidades de que vuelvan a ocurrir a través de la justicia terapéutica.

Desde el Poder Judicial de Coahuila tenemos muy claro que impartir justicia significa aplicar la ley, pero también entender la realidad sobre la cual esa ley actúa. Nuestro trabajo está centrado en las personas y por eso trabajamos para que la justicia no sea solamente punitiva, sino que también contribuya, desde el ámbito de nuestras atribuciones y de la mano con otras instituciones, a encontrar soluciones que eviten que esos problemas vuelvan a repetirse, expresó Mery Ayup.

Prevención para atender las causas

Durante su intervención, el magistrado presidente señaló que el narcomenudeo representa la segunda causa con mayor número de ingresos a los juzgados penales de Coahuila con el 20 por ciento, principalmente por posesión simple de narcóticos. A este panorama se suma la violencia familiar, que ocupa el primer lugar entre los delitos con causas judicializadas con el 38 por ciento, mientras que el robo se encuentra en tercer lugar, con el 11 por ciento.

Indicó que estas cifras reflejan problemáticas sociales complejas en las que pueden coincidir el consumo de sustancias, la violencia, afectaciones a la salud mental, la pérdida de oportunidades y distintas condiciones de vulnerabilidad.

Ante esta realidad, subrayó la importancia de fortalecer la prevención, porque prevenir, reconstruye vínculos y genera oportunidades para retomar un proyecto de vida, sostuvo.

El Programa Aplícate inició actividades el 2 de agosto de 2022 y, desde entonces, ha beneficiado a 1,362 personas en los municipios de Saltillo, Torreón y Monclova. Actualmente atiende alrededor de 97 personas beneficiarias por semana, cantidad que varía conforme las y los participantes concluyen su proceso y se incorporan nuevas personas al programa.

Por su parte, la Ing. Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, señaló que los resultados alcanzados permiten dar continuidad a un modelo de atención que reconoce que la prevención de las adicciones y la violencia requiere trabajar no solamente con las personas participantes, sino también con sus entornos familiares y sociales.

La firma del convenio contó con la presencia del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup; el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; el secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez; el secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Francisco Saracho Navarro, en representación del alcalde municipal; y como testigo de honor, la Ing. Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Coahuila), así como personal de las instituciones involucradas en la operación del programa.

Con este convenio, el Poder Judicial de Coahuila refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la atención integral, la reinserción y la prevención, poniendo en el centro a las personas y sus familias.