Designación terrorista no da licencia a EU para intervenir en México: Sheinbaum

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este martes que la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos no concede autorización para realizar acciones unilaterales en territorio nacional, y reiteró que la cooperación bilateral debe respetar la soberanía.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que Washington conoce la postura mexicana sobre la colaboración en seguridad, basada en el respeto al territorio, la confianza mutua y la coordinación sin subordinación.

“En eso no vamos a ceder, porque es un asunto de principios”, afirmó.

El posicionamiento ocurrió después de una reunión entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Terry Cole, quien se refirió al combate a organizaciones terroristas. Sheinbaum reiteró que México persigue a estos grupos bajo la figura de delincuencia organizada.

La presidenta también recordó las reformas a los artículos 19 y 40 constitucionales impulsadas después de las designaciones estadounidenses, con el propósito de fortalecer la defensa de la soberanía nacional.

La advertencia cobra relevancia por las facultades que Washington ha invocado para combatir al terrorismo, particularmente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, la legislación estadounidense distingue entre designar a una organización como terrorista y autorizar el empleo de fuerza militar.

El mecanismo para clasificar organizaciones terroristas extranjeras fue establecido en 1996. Sus consecuencias incluyen restricciones migratorias, medidas para bloquear recursos financieros y sanciones penales por proporcionar apoyo material a los grupos designados. La clasificación, por sí sola, no constituye una autorización para atacarlos militarmente.

El antecedente que sí amplió el margen de acción militar de la Casa Blanca fue la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, conocida como AUMF, promulgada el 18 de septiembre de 2001.

Esa resolución fue aprobada por el Congreso y facultó al presidente para emplear fuerza contra quienes planearon, autorizaron, cometieron o auxiliaron los atentados, así como contra quienes les dieron refugio.

Su importancia radica en que permitió desarrollar operaciones comprendidas en su alcance sin solicitar una nueva votación legislativa para cada acción. No estableció un permiso general para atacar a cualquier organización que posteriormente recibiera la clasificación de terrorista.

Por ello, designar a un cártel mexicano como organización terrorista no lo incorpora automáticamente a la autorización militar surgida después del 11 de septiembre.

Existe, además, otra discusión jurídica: sucesivos gobiernos estadounidenses han invocado las facultades constitucionales del presidente como comandante en jefe para ordenar determinadas operaciones sin autorización previa del Congreso. El alcance de esas atribuciones ha provocado controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo y no deriva automáticamente de una designación terrorista.

A esa discusión interna se suma el derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe, como regla general, el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado y reconoce la legítima defensa ante un ataque armado. La inclusión de un grupo en una lista estadounidense no acredita, por sí sola, que se cumplan esas condiciones.

El pronunciamiento de Sheinbaum sitúa así el debate en dos planos: las facultades que la presidencia estadounidense puede invocar dentro de su país y la legalidad de ejercerlas en territorio mexicano. Una designación terrorista tiene consecuencias penales y financieras, pero no equivale a una autorización automática para intervenir militarmente en México.