Revela IMCO deficiencias de la administración de justicia en Coahuila

Derivado de un trabajo realizado durante cuatro años, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila y el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); se dio a conocer el caso de Coahuila y dónde se revelan las deficiencias que presenta el sistema de justicia penal y las oportunidades que tiene para mejorar.

Este martes 28 de junio, el IMCO público el resultado de una auditoría ciudadana a la entidad para medir la calidad y el desempeño de la justicia penal, considerando la implementación de Sistema de Justicia Penal Acusatorio; e identifico cuatro temas dónde se requiere implementar medidas para mejorar el acceso a la justicia para la ciudadanía.

1) Capacidades y competencias para la ejecución del sistema de justicia penal

Existen deficiencias en la investigación. En la minoría de casos se realizaron actos de investigación como peritajes (12% de casos contaron con peritaje dactiloscópico y 38% con peritaje de criminalística) o entrevistas a testigos (únicamente en 3 de cada 10 casos).

También se refiere que los recursos son insuficientes. Una cuarta parte de los operadores de justicia consideran que requieren de mayores recursos materiales y de infraestructura para realizar sus funciones; también que el personal hasta ahora es insuficiente, por lo cual trabajan hasta 60 horas semanales. 

2) Garantía, respeto y protección de los derechos humanos

Hay bajos niveles de asesoría legal para víctimas y de representación legal activa para imputados. Únicamente en 3 de cada diez casos, la víctima contó con un asesor jurídico; en el caso de los imputados, si bien la mayoría cuentan con defensor, en solo la mitad de los casos son informados del desarrollo de su proceso.

3) Contrapesos en las actuaciones de la fiscalía

Hay bajos niveles de revisión de las actuaciones de los operadores de justicia. Las unidades de supervisión interna de la fiscalía realizan, en promedio, una de cada dos revisiones anuales al trabajo de los ministerios públicos, policías de investigación y peritos. Además, la ciudadanía que recibe sus servicios no puede presentar quejas, ya que no se le informa sobre esta posibilidad.

Los usuarios del sistema de justicia refieren no tener que dar pagos en el proceso. Nueve de cada 10 ciudadanos negaron haber tenido que realizar algún “pago” a algún funcionario de la Fiscalía. 

4) Formas en las que puede concluir la etapa inicial de investigación 

Hay poca promoción de los mecanismos de justicia alternativa. Aun cuando son una opción rápida y económica, solo 14% de los casos se canalizó a uno de estos mecanismos.

Los casos son concluidos sin justificación ni revisión del superior jerárquico. La mitad de los casos se enviaron al archivo temporal, y pocos tuvieron justificación legal. Además, de los que se enviaron al no ejercicio de la acción penal, solamente 3% contaron con autorización del superior jerárquico.

El IMCO refiere en su resumen que, así como en Coahuila, es necesario que en todo el país se consoliden las capacidades de las Fiscalías Locales para operar el Sistema de Justicia Penal; y propone lo siguiente a las autoridades de administración de justicia locales:

Mejorar sus capacidades profesionales y estabilidad laboral, promoviendo convocatorias basadas en el Servicio Civil de Carrera para ocupar plazas de agente del ministerio público, policía de investigación y peritos.

Incentivar el uso de mecanismos de solución de controversias en delitos de bajo impacto, para dar una respuesta rápida y económica a las partes; así como priorizar y concentrar los recursos de la institución en la investigación de aquellos delitos que representan mayor complejidad e impacto social.

Elaborar indicadores claros y apegados al Código Nacional de Procedimientos Penales para el uso de formas de determinación, como son el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal.