Reportaje revela problemas en el sistema judicial en el condado de Maverick

Un reportaje de Jolie McCullough, de The New York Times, revela omisiones del sistema judicial en el condado de Maverick; donde los detenidos están entre el olvido y la injusticia.

Fernando Padrón pasó meses atrapado en una celda del sur de Texas sin respuestas. Acusado de robar tarjetas de crédito para comprar pañales, una bicicleta y otros artículos para su familia, no tuvo acceso a un abogado ni fue llevado ante un juez. Durante nueve meses, su caso quedó en el limbo. Cuando finalmente en marzo de 2023 los fiscales lo acusaron formalmente de un delito menor, fue liberado. Sin embargo, su pesadilla apenas comenzaba.

En los siguientes dos años, Padrón fue arrestado en repetidas ocasiones por el mismo caso. Enfrentó presiones para aceptar acuerdos de culpabilidad en un tribunal, solo para ser acusado nuevamente en otro. En un punto, pasó seis meses en la cárcel antes de que las autoridades siquiera notaran su presencia.

A sus 27 años, Padrón, ciudadano estadounidense sin antecedentes penales, enfrentó un proceso que en otras partes de Texas habría resultado en una sentencia leve o incluso en su libertad. Pero estaba atrapado en el sistema judicial disfuncional del condado de Maverick, donde los principios básicos de la justicia parecen no aplicarse.

Las propias autoridades reconocen que los acusados de escasos recursos rara vez reciben defensa legal. Además, las detenciones sin cargos pueden prolongarse por meses, mucho más allá de lo permitido por la ley estatal. En 2023, al menos una docena de personas fueron encarceladas sin que se formalizaran acusaciones en su contra tras ser arrestadas por delitos menores no violentos, según registros y entrevistas revisadas por The New York Times.

Algunos detenidos parecen haber sido simplemente olvidados. Dos hombres fueron liberados después de que The Times cuestionara por qué aún seguían en prisión, medio año después de haber cumplido sus sentencias.

El condado no ha estado al nivel en el que debería haber estado durante años, admitió el juez del condado de Maverick, Ramsey English Cantú, quien supervisa los casos de delitos menores. Cantú asegura que ha tratado de modernizar y reconstruir el sistema judicial desde su elección en 2022, pero reconoce las fallas. Ha sido un reto para mí, afirmó. Pero al final del día, es injusto.

La Constitución de Estados Unidos establece que toda persona enfrentando penas de cárcel tiene derecho a un abogado, financiado por el Estado si no puede pagarlo. También garantiza un proceso judicial justo y eficiente. Sin embargo, en las zonas rurales de Texas, estas protecciones suelen quedar en papel.

El condado de Maverick destaca por sus irregularidades. Se encuentra en una de las regiones más pobres del estado y muchos acusados no pueden pagar un abogado ni una fianza, que en algunos casos es menor a 500 dólares. A pesar de esto, los auditores estatales han señalado repetidamente en las últimas dos décadas que el condado no garantiza asistencia legal a quienes no pueden costearla. 

En 2023, más de 240 acusados de delitos menores solicitaron representación, pero el juez solo asignó abogados en un puñado de casos. Aún así, el Estado no ha tomado medidas para corregir la situación.

Sin defensores legales, los acusados quedan atrapados en un sistema opaco e inconexo. En muchos casos, los registros judiciales están incompletos o ni siquiera existen. En la cárcel, algunos reclusos han sido reportados como desconocidos a pesar de haber estado meses tras las rejas.

Expertos en derecho califican la situación como atroz y kafkiana. Rachel Kincaid, profesora de la Universidad de Baylor y exfiscal federal, sostiene que la falta de transparencia y la ausencia de defensores públicos han permitido que este sistema completamente inepto se mantenga sin cambios.

Para los acusados, la incertidumbre es desesperante. En mayo de 2023, Juan Sánchez, de 21 años, llevaba meses sin saber nada de su proceso. No me han dicho nada, dijo temblando en la cárcel, vistiendo solo un chaleco de prevención de suicidio. Otro detenido, David Burckhardt, de 36 años, pasó cinco meses encarcelado sin que se presentaran cargos en su contra. Aquí simplemente cumples tu condena sin saber por qué, expresó.

El caso de Padrón ilustra con crudeza las consecuencias de este sistema. Cuatro abogados defensores consultados coincidieron en que, en otros condados, su sentencia no habría superado los 30 días e incluso podría haber evitado la cárcel. Sin embargo, ha pasado 20 meses tras las rejas, perdiéndose los primeros dos cumpleaños de su hijo. Su proceso aún no ha concluido.

Yo estaba fuera, haciendo las cosas bien, dijo desde la cárcel tras su tercer arresto por el mismo robo. Y de repente, tienes una orden de arresto. Dejé a mi novia y a mi hijo solos.

Nacido en San Antonio, Padrón pasó la mayor parte de su vida en Piedras Negras. Abandonó la escuela a los 12 años tras el asesinato de su madre y, en los últimos años, cruzaba regularmente a Eagle Pass para buscar trabajo.

La noche de su detención, en junio de 2022, necesitaba pañales para su hijo, Fernandito. Sin dinero, salió a buscar empleo. Se acercó a una casa con la intención de ofrecerse a limpiar el patio o lavar el camión, pero, al ver una billetera dentro de una camioneta, la tomó.

Fue un error impulsivo, admitió después.

El condado de Maverick tiene un historial de escándalos. Una investigación federal sobre corrupción hace una década llevó a la cárcel a cuatro de los cinco comisionados del condado. Un oficial de policía local comentó que los residentes llaman a la región el Estado Libre de Maverick, pues las autoridades hacen lo que quieren y enfrentan las consecuencias después.

Paradójicamente, mientras el sistema judicial local opera con una lentitud exasperante, el condado ha sido pionero en la criminalización de la inmigración. Desde 2021, miles de migrantes han sido arrestados y procesados en tiempo récord por allanamiento de morada, parte de un esfuerzo estatal para disuadir cruces ilegales y acelerar deportaciones. Para ellos, el Estado creó un sistema penal especial que asigna abogados rápidamente. En contraste, los residentes locales pueden pasar meses en la cárcel sin cargos ni asistencia legal.

Las fallas del sistema son evidentes, pero las autoridades se culpan mutuamente. El juez English Cantú responsabiliza a la fiscalía y al Departamento del Sheriff por la demora en los casos. Jaime Iracheta, fiscal del condado, culpa a la policía. La administradora de casos de la cárcel, Daniella Ramos, acusa a los jueces de ignorar las solicitudes de liberación. Y los magistrados alegan que la cárcel no sigue sus órdenes.

Mientras tanto, acusados como Padrón siguen atrapados en un limbo legal, enfrentando las consecuencias de un sistema que, más que impartir justicia, parece haber olvidado su propósito.