Va Coahuila contra Ley de Comunicación: MARS

El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció que Coahuila, junto con varios municipios, se suma a la presentación de la controversia constitución del Plan B de la reforma electoral federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Calificó como fuera de la realidad la propuesta que tiene que ver con comunicación social. Dijo que dicha impugnación en principio no afecta al Proceso Electoral 2023, ya iniciado en Coahuila, pero habrá que estar atentos a los posibles efectos secundarios de esta controversia.

Ante la preocupación de que el Plan B pudiera de la Reforma Electoral tuviera efecto en Estado de México y Coahuila, el Mandatario comentó que “la preocupación es que el proceso electoral en Coahuila ya había iniciado con reglas propuestas anteriormente mediante reforma local, pero los efectos de este Plan B pretendían ser aplicables en ambas entidades este año”.

Por ello Riquelme Solís dijo que la impugnación ante la Corte libera de ruido al Instituto Electoral de Coahuila en cuanto a la agenda del proceso electivo, sin embargo, advirtió que estará atento los próximos días sobre los efectos y engroses de la corte que pudieran afectar algunas de las reglas del proceso en marcha.

Luego de asegurar que se busca que se apliquen las reglas claras en el proceso electoral local, el Mandatario abordó el tema de la comunicación social.

“Estaremos viendo sus efectos las próximas horas pues la comunicación social es parte importante para un gobierno que busca comunicar en materia de seguridad, economía, bienestar social y prevención”.

“Creo que el porcentaje que viene aplicado dentro de esta ley está totalmente fuera de la realidad de lo que realmente cualquier estado o municipio aplica desde hace años y no tiene que ver nada más con el pago a medios, tiene que ver con la difusión de políticas públicas y obras”, añadió Riquelme Solís.

Y enfatizó que se tiene que presentar la impugnación “si nosotros queremos sostener una controversia, pero el que haya resoluciones no implica que jurídicamente se puedan aplicar en Coahuila, en nuestro estado tiene que quedar claro bajo una resolución qué es lo que puede hacer o no puede hacer dentro de la modificación a la ley”.

“Los efectos secundarios los podemos tomar como válidos, pero eso se tiene que aclarar jurídicamente, por ello no sólo el Gobierno de Coahuila sino varios municipios están presentando la controversia porque tiene que haber una respuesta muy concreta para los tres niveles de gobierno y los organismos descentralizados que operan con presupuestos públicos”, concluyó.

En un comunicado, el gobierno estatal informó:

El Estado de Coahuila de Zaragoza promovió Demanda de Controversia Constitucional en contra del Congreso de la Unión, como consecuencia de la aprobación, promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto que reforma , adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Lo anterior, por considerar que la misma es violatoria de la soberanía presupuestal de la entidad y de los municipios, ya que, la reforma se traduce en una invasión de facultades que constitucionalmente, le corresponden de forma única y exclusiva a los poderes locales y no a la federación, como lo es la aprobación del presupuesto de egresos por parte del legislativo estatal.

La ley impugnada es inconstitucional pues, no obstante, que ya existe un presupuesto debidamente aprobado para este ejercicio 2023 para el estado y los municipios, busca modificar de forma indebida las bases conforme a las que se ejerce de forma transparente el presupuesto aprobado.

A través de la demanda, el Gobierno del Estado de Coahuila, pretende el restablecimiento del orden constitucional a fin de que el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la información no se vea vulnerado y defender los mecanismos mediante los que la ciudadanía puede acceder a ellos, algo que no sería posible de prevalecer la reforma aprobada en el congreso federal.

La demanda será resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.