Niegan amparo a María de los Ángeles Errizuris, exsecretaria de Educación en Nuevo León

Además de haber sido sancionada con la inhabilitación por un año para ejercer cargo público alguno y continuar una investigación en su contra por hechos de corrupción por al menos 400 millones de pesos, cuando fue secretaria de Educación de Nuevo León, este mes María de los Ángeles Errizuris Alarcón recibió otro revés, ahora de un Juzgado de Distrito al negar un amparo contra la justicia de Nuevo León.

Ello trascendió en algunos medios y por información emitida en la página del Consejo de la Judicatura Federal en la que la Dirección General de Gestión Judicial da cuenta de los trámites judiciales a través de estrados.

Se trata del expediente 471/2022 en el que la exfuncionaria del gobierno de El Bronco tramitó el amparo al cual se le dio la clasificación de incidental y en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo y que con fecha 17/02/23 se resolvió negar a la quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados.

Errisuriz Alarcón intentó, al parecer por segunda ocasión, ampararse en el Juzgado Segundo de Distrito contra los actos de justicia del Gobierno de Nuevo León, sin embargo, el amparo le fue negado.

La investigación que data del 2022, en la que el Gobierno de Samuel Rodríguez vinculó a María de los Ángeles Errizuris por irregularidades en el contrato para adquirir aulas

prefabricadas y cuyo valor era de 400 millones de pesos, cuando fue secretaria de Educación en Nuevo León en la administración de Jaime Rodríguez El Bronco.

Debido a que la adjudicación fue directa, no se licitó, se interpuso una demanda penal contra la coahuilense, la que fue también secretaria de Educación en el sexenio de Humberto Moreira, así como a dos excolaboradores del área de Planeación y Finanzas de la misma dependencia neoleonesa.

En enero pasado, el mismo Gobierno de Nuevo León emitió un boletín en el que dio a conocer que se había sancionado a la exfuncionaria con una inhabilitación de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Incluso quedó impedida para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por haberse acreditado la falta administrativa grave consistente en abuso de funciones y la plena responsabilidad de la exsecretaria.

La sanción fue emitida por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa local y derivado de una investigación efectuada por la Unidad Anticorrupción de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado.

En ese sentido, continúa el comunicado, la exsecretaria de Educación fue la primera servidora pública estatal de primer nivel sancionada por este motivo mediante el nuevo régimen de responsabilidades administrativas.

Errisuriz Alarcón era investigada por las irregularidades en el nombramiento del entonces encargado de la Rectoría de la Universidad Politécnica de Apodaca, acreditando que la exfuncionaria no tenía las atribuciones correspondientes para otorgar dicho nombramiento, por lo que se configuró la falta administrativa grave de abuso de funciones.