Ejército reservó por cinco años contratos de Pegasus: El Universal

El Comité de Transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) clasificó como reservada por cinco años la información de los contratos del software espía Pegasus, desarrollado por la empresa de cibervigilancia isreaeli NSO Group.

Así lo da a conocer el diario El Universal, que señaló que la decisión de la Sedena, se da pese a que el pasado 29 de enero el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) ordenó a la institución dar a conocer los contratos con la empresa Comercializadora Antsua, proveedora del ‘spyware’.

En su resolución, el comité del Ejército consideró que existe un riesgo en dar a conocer los contratos, ya que se trata de información relacionada con la seguridad nacional del país.

Precisó que se trata de la adquisición de equipo y servicios para generación de inteligencia militar, por lo que existe un riesgo real al respecto.

En ese sentido, dar a conocer la información podría favorecer que miembros de grupos “desafectos al gobierno” o integrantes del crimen organizado “tengan conocimiento de la tecnología que emplea el gobierno para llevar a cabo acciones que garanticen la seguridad nacional y la seguridad interior del país”.

“Toda vez que la delincuencia organizada, al conocer el equipo para generar inteligencia militar, se pudiera dotar de mejor instrumental para sabotear a las operaciones que se realizan con diversas autoridades de los tres niveles de gobierno”, reseña el diario.

Por lo tanto, “divulgar los instrumentos contractuales, servicios, capacitación, normas y procedimientos, así como planes, protocolos y tecnología para generar y explotar información que favorece a la inteligencia militar puede poner en riesgo la prevención de delitos como sabotaje, espionaje y terrorismo, además de las amenazas potenciales en contra del gobierno mexicano”.

Para la Sedena, el riesgo de dar a conocer la información es mayor al interés público de conocerla, lo que inclina la llamada “prueba de daño” a favor de la reserva informativa.

De acuerdo con la ley de transparencia, la información se podrá conocer una vez que se extinga el plazo correspondiente, o bien, cuando dejen de concurrir las causas que dieron origen a su reserva.

La resolución dictada por el Inai en enero, bajo la ponencia de la comisionada Josefina Román, señaló que es deber de las autoridades dar a conocer las contrataciones efectuadas con recursos públicos.

La mañana de este martes, Aristegui Noticias y otros medios dieron a conocer que los dispositivos del director y de la coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, fueron infectados con el programa Pegasus, el software espía que solo es vendido a gobiernos para perseguir delitos, pero que en México ha sido utilizado contra defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos.

Los directivos del centro fueron blanco de al menos cinco infecciones alrededor de junio, julio y septiembre de 2022, según un dictamen emitido por Citizen Lab que se publica este día.

Los teléfonos de las víctimas de espionaje recibieron una alerta de Apple en diciembre de 2022, notificando que habrían sufrido una intromisión ilegal por “atacantes patrocinados por el Estado”.

La evidencia recolectada por Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social Tic, el propio Centro Prodh y medios como Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político apunta que es precisamente el Ejército mexicano el que utiliza esta herramienta, incluso sin haber solicitado ni una sola orden judicial.

Los elementos disponibles hacen al Centro Prodh llamar a cuentas al Ejército. En un pronunciamiento que se publica hoy apuntan que este tipo de espionaje, “en contextos de exigencia de verdad y justicia, así como de denuncia de la militarización, da cuenta de una institución en creciente empoderamiento y sin controles adecuados, resistente a rendir cuentas y que funciona bajo lógicas poco democráticas, sin subordinación al orden civil, lo que confirma las consecuencias para los derechos humanos y para la democracia de la profundización de la militarización que actualmente vivimos”.