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Destacadas • Publicado el 2023-11-14

Acusan de impunidad a jueces que frenaron extinción de fideicomisos del PJF

El gobierno de México acusa de impunidad a los jueces que frenaron la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, los cuales ascienden a 15 mil millones de pesos.

En su informe de “Cero Impunidad“, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, mostró los nombres de los juzgadores Juan Fernando Luévano Ovalle y Elizabeth Trejo Galán, quienes otorgaron suspensiones a la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Tenemos el caso de dos jueces que suspenden la entrada en vigor de reformas, se trata del decreto por el que se extinguen 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que fue publicado el 27 de octubre de 2023, dijo.

Inmediatamente después, exhibió a Luévano Ovalle, quien es juez Decimosegundo de Distrito en Chihuahua y que otorgó el amparo indirecto 2341/2023, y a Trejo Galán, jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien concedió el amparo indirecto 1754/2023 a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED)

“El juez Luévano Ovalle concluyó que atendiendo a la apariencia de buen derecho, de no otorgarse esta suspensión, la reforma puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación para las promoventes y esto puede trascender al interés social, ya que la sociedad está interesada en que se mantenga el sistema democrático, la división de poderes, la independencia judicial y autonomía presupuestaria”, expuso Rodríguez Bucio.

“De acuerdo con la jueza Trejo Galán, de no otorgarse esta medida, se corre el riesgo de afectar derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, lo que podría mermar la función jurisdiccional que implicaría una enorme afectación a la sociedad”, indicó el funcionario federal.

En el caso de la jueza Trejo Galán, el subsecretario de SSPC argumentó un posible un conflicto de interés, debido a que la juzgadora pertenece a JUFED.


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