Anular prisión preventiva no liberaría a miles de procesados, aclara ONG

La Organización Pena Sin Culpa aclaró que eliminar la prisión preventiva oficiosa no implicaría una liberación masiva de personas, como aseguró la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde.

La organización de abogados señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abordará en las siguientes sesiones el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual es obligatoria e inapelable.

El cumplimiento de sentencia cayó en manos del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propone que la medida de prisión preventiva oficiosa se justifique en cada caso, sin aplicarse de manera automática.

La organización explica que esto de ninguna forma implica una liberación o exoneración masiva -como lo infirió de manera irresponsable el día de hoy la Secretaria de Gobernación.

En todo caso, las personas sometidas a prisión con esta medida enfrentarían una nueva audiencia para determinar si es razonable que sigan en proceso sin su libertad.

… dicho proceso debe ser en una audiencia pública donde se analicen los datos objetivos que le permitan a la persona juzgadora razonar si la persona imputada se puede dar a la fuga, puede obstruir la investigación, puede interferir con el proceso o puede poner en riesgo a las víctimas o a los testigos del caso. Si ninguno de esos datos objetivos se presenta o se justifica en el caso en particular, la persona entonces podrá seguir su proceso con otras medidas distintas a la de prisión preventiva.

Las cifras oficiales indican que 68 mil personas están en la cárcel sin una sentencia, aprovechando el recurso que permite a las autoridades encarcelarlas sin haber concluido el proceso penal para determinar si son culpables o no.

Durante la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, dijo que no aplicar la prisión preventiva oficiosa impactaría en la posible liberación de 68 mil personas acusadas de delitos que, por su gravedad, son de alto impacto para la sociedad.

Entre ellos, homicidio, secuestro, violación, narcotráfico y narcomenudeo, portación de armamento y explosivos, feminicidio, pederastia, abuso infantil y corrupción de menores, así como delincuencia organizada.