Sobrepoblados, cuatro de cada 10 penales del país

El 43% de los centros penitenciarios en México padece sobrepoblación

De los 248 centros penitenciarios del país, 120 presentan sobrepoblación, lo que representa el 43% del total, según estadísticas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de marzo de 2024.

La población total de internos asciende a 232,859, de los cuales 47,648 sufren hacinamiento. Las entidades con mayor sobrepoblación son el Estado de México, con 21,598 reos; Sonora, con 3,756; Chihuahua, con 1,799; y Durango, con 1,918.

En marzo de 2024, el OADPRS registró un aumento en la población penitenciaria, pasando de 197,988 internos en diciembre de 2018 a 232,859 en la actualidad, un incremento de 34,871 personas, es decir, un 17.6%.

Paola Zavala Saeb, abogada y fundadora de la Organización Comunitaria por La Paz (Ocupa), que se dedica a la reinserción social y prevención del delito, señala que el aumento de la sobrepoblación está relacionado con el incremento de la prisión preventiva oficiosa.

Observamos un aumento muy preocupante en la cantidad de personas que entran a la cárcel sin sentencia, sólo acusadas por delitos incluidos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa. La idea que nos dan es que en los penales están los homicidas y violadores, pero la verdad es que hay otros delitos como robo, narcomenudeo o patrimonio, explica Zavala.

La analista política destaca que alrededor del 95% de los internos son hombres y el 5% son mujeres, generalmente con educación básica y sin acceso a una defensa adecuada. Además, la falta de suficientes jueces y abogados provoca que las personas pasen años en prisión sin sentencia.

Un ejemplo de esta situación es el caso de Israel Vallarta, señalado como presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, quien lleva 18 años en prisión sin sentencia.

Zavala insiste en que el hacinamiento se debe al aumento del catálogo de prisión preventiva oficiosa, lo que permite encarcelar a personas sin sentencia, muchas de las cuales no cuentan con una defensa adecuada. Socialmente nos hacen creer que en las cárceles están los más malos, en vez de decirnos que ahí están los más pobres. Otra razón es el tiempo que toman la fiscalía y el sistema judicial en dictar sentencia. Los meten a la cárcel para pasar su proceso, pero no se cumple el requisito constitucional de que no pueden pasar más de dos años sin sentencia; muchos tienen en promedio cinco o seis años esperando, precisa.

Se espera un revés a la prisión preventiva oficiosa y que se solicite al Poder Legislativo que sólo aplique la prisión preventiva justificada. Esto significa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda pedirles a las fiscalías que fundamenten por qué la persona debe estar en la cárcel. En casos de delitos menores, se podría recurrir a medidas cautelares como los brazaletes electrónicos, explica Zavala.

En junio, el Máximo Tribunal del país debatirá sobre la prisión preventiva oficiosa y analizará los proyectos de los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez y Margarita Ríos Farjat.

Corina Giacomello, especialista en el sistema penitenciario, comenta que la prisión preventiva oficiosa debería eliminarse conforme lo dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Eliminar la prisión preventiva oficiosa no significa sacar a las personas a la calle, sino aprovechar otras medidas previstas en el Código de Procedimientos Penales. Se debe revisar el uso de la prisión en delitos menores no violentos, como robos. Hace unos meses vimos el caso de una mujer en Coahuila, con siete meses de embarazo e hijos, a quien le dictaron prisión preventiva oficiosa por robar unas latas de leche, refiere Giacomello.

Alán García Huitrón, doctorante en Sociología por la UNAM, puntualiza que todos los países que construyen más cárceles terminan por aumentar la población de internos.