Demandan a EU por restricciones de asilo a migrantes en la frontera con México

Activistas en Estados Unidos demandaron ante una corte federal la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que restringe el asilo a migrantes en la frontera con México.

La orden firmada por Biden entró en vigencia el pasado 4 de junio y permite deportar a quienes no superen estrictos estándares de asilo cuando se rebase la cifra de 2 mil 500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.

La demanda encabezada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), argumenta que la regulación “es rotundamente inconsistente con el estatuto de asilo que promulgó el Congreso, que permite a los migrantes presentar solicitudes de asilo ya sea que entren o no por un puerto de entrada”.

Según los activistas, la medida también crea obstáculos “potencialmente insuperables” para que los migrantes busquen otros tipos de protección, según dijo ACLU en un comunicado. 

Los demandantes aseguran que la restricción cerrará “efectivamente cualquier acceso a la protección de asilo para la gran mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, sin importar cuán fuertes sean sus reclamos”, dijo el abogado Lee Gelernt, directivo de ACLU.

Subrayó que la administración de Biden “carece de autoridad unilateral para anular el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo uno ingresa al país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la administración Trump intentó sin éxito una prohibición casi idéntica”.

Melissa Crow, del Centro de Estudios de Género y Refugiados, que también participa en la demanda, dijo en un comunicado que la orden “exacerba el caos en nuestra frontera sur, socava el trabajo vital de los grupos de ayuda humanitaria y legal y resultará en deportaciones injustas de refugiados a países donde enfrentan persecución y tortura”.

El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), y el bufete de abogados Jenner & Block LLP también participan en la demanda presentada a nombre del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (Raíces).

La demanda, presentada en una corte federal de Washington, ha pedido al tribunal que ponga un alto a la implementación de la medida.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a ABC el domingo pasado que está listo para defender la orden emitida en las cortes.

“No es sólo una cuestión de asegurar la frontera, tenemos la obligación humanitaria de mantener a las personas vulnerables fuera del alcance de los contrabandistas explotadores”, señaló el secretario.