FGR gastó 142.9 mdp para rastrear celulares

La Fiscalía General de la República (FGR), liderada por Alejandro Gertz Manero, utilizó un software en el que gastó alrededor de 142 millones de pesos, para rastrear la ubicación de personas a través de sus celulares en 135 mil ocasiones entre 2019 y 2021, según una investigación de Animal Político. 

Sin embargo, sólo presentó 328 peticiones ante jueces federales para realizar estas geolocalizaciones y obtuvo la autorización correspondiente en el 0.24% de los casos.

La empresa Neonlix de México S. A. de C. V. fue contratada para proveer el software Geomatrix, el cual es capaz de vigilar la ubicación de celulares mediante las redes telefónicas a las que el aparato se conecta.

La Fiscalía admitió haber utilizado Geomatrix en 135 mil ocasiones, asegurando que todas las consultas realizadas por los agentes del Ministerio Público de la Federación contaron con autorización judicial.

Sin embargo, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) muestra que entre 2019 y 2021 se presentaron 328 solicitudes de vigilancia a jueces federales, sin especificar cuántas de estas fueron para usar el software Geomatrix o para solicitar información a concesionarios de telefonía. Esto significa que en solo el 0.24% de los casos se obtuvo la autorización judicial requerida.

La investigación también revela que la Fiscalía reconoció haber vigilado a 3 mil 157 personas entre 2018 y 2021, lo cual incluye geolocalizaciones, intervenciones a comunicaciones privadas, obtención de datos conservados y extracción de datos. Esta cifra supera las 328 autorizaciones judiciales obtenidas por la FGR.

En las solicitudes a jueces federales para intervenir la geolocalización de celulares, la Fiscalía justificó sus acciones argumentando la necesidad de acreditar teorías del caso, investigar delitos relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda, y recabar datos de prueba o agotar líneas de investigación.

Las solicitudes de vigilancia provinieron de diversas instancias, incluyendo delegaciones de Guanajuato, Zacatecas, Quintana Roo, Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, Hidalgo y agentes del Ministerio Público de la Federación.

El artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las fiscalías pueden intervenir geolocalizaciones con autorización judicial o, en casos de emergencia donde la vida de personas esté en riesgo, sin permiso, siempre y cuando en menos de 48 horas se acredite ante un juez federal. No obstante, la Fiscalía admitió en respuesta a solicitudes de acceso a la información que no cuenta con datos sobre la cantidad de víctimas rescatadas o personas detenidas como resultado de estas intervenciones.

Luis Fernando García Muñoz, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), criticó la legislación que regula la vigilancia de localizaciones, señalando que permite interpretaciones que podrían ser utilizadas para evitar la necesidad de autorización judicial.

García Muñoz afirmó que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales está mal redactado, permitiendo que la localización geográfica en tiempo real sea realizada de manera autónoma por la Fiscalía sin necesidad de la colaboración de un concesionario de telecomunicaciones.