Busca México extraditar a traficantes de armas desde EU, entre ellos uno de Rápido y Furioso

En un cambio radical en su forma de operar contra el tráfico de armas, el gobierno de México comenzará a buscar la extradición desde Estados Unidos a traficantes de armamento, para que también paguen en territorio mexicano por introducir equipo bélico utilizado por los cárteles de la droga en miles de asesinatos a lo largo de los últimos años, confirmaron fuentes gubernamentales de alto nivel a Milenio.

La intención, detallaron funcionarios federales consultados, es solicitar a la administración de Joe Biden que entregue a una decena de traficantes de armas mexicanos y estadunidenses libres o que aún compurgan sus sentencias en prisiones de ese país para que sean enjuiciados en México por su responsabilidad en la violencia que ha vivido el país.

Los funcionarios de primer nivel, plantearon que además se quiere sentar el precedente de que el gobierno mexicano planea perseguir vigorosamente a quienes trafiquen con armas, aun cuando hayan cometido el delito en territorio estadunidense, en donde la portación ilegal es castigada con sentencias laxas, que van de uno a 10 años de prisión.
En México, el castigo es de 30 años.

Acusados por Rápido y furioso, en la mira

Entre los objetivos iniciales de esta petición se encuentran algunos de los acusados en el fallido Rápido y Furioso de 2011, se detalló.

Ese operativo, que terminó con un agente de la Patrulla Fronteriza asesinado, fue iniciado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) bajo el plan de vender armas a presuntos criminales con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compra-venta ilegal de armamento en México. Entre 2009 y 2011, bajo este plan, entraron a territorio nacional al menos 2 mil 500 armas.

Con el tiempo terminaron en las manos de los asesinos de los cárteles tal como se planeó, pero sin que hubiera en contraparte la cascada de arrestos esperados. Muchos involucrados han sido detenidos, pero al igual que otros casos relacionados con tráfico de armas en Estados Unidos, recibieron sentencias promedio entre los 5 y los 10 años, algunos incluso menores.

Uno de los traficantes que están en la mira del gobierno federal es Daniel Francisco Cruz Morones, quien en 2012 se declaró culpable de comprar armas de manera ilegal y con la intención de permitir su tráfico a México por una Corte en San Diego.

A manera de ejemplo de la laxitud con la que se persigue el delito en Estados Unidos, tan solo cuatro años después de haber participado en la entrega de armas al cártel de los Zetas, fue liberado.

La lista de potenciales extraditables está bajo análisis en áreas de seguridad del gobierno mexicano, pero como Morones, hay una decena de casos de traficantes de alto perfil que en la última década introdujeron cientos de armas a territorio mexicano y de los que las autoridades estadunidenses tienen información detallada -incluso sus direcciones- al haber sido detenidos y sentenciados en uno u otro momento.

Por ejemplo, Efreín González, mexicoamericano relacionado con el cártel de Los Zetas, capturado luego de una investigación de tráfico de armas que se originó en Nuevo México en el 2011.

Con información de Milenio