Magistrado Mery Ayup se reúne con empresarios de la región Norte para abordar la reforma judicial
Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Poder Judicial del estado de Coahuila de Zaragoza (PJECZ), viajó este miércoles a la región norte de la entidad, con la finalidad de reunirse con un grupo de empresarios para hablar sobre la reforma judicial.
Indicó que dicho tema ha causado mucha inquietud en todos los sectores de la población coahuilense, generando dudas e incertidumbre, particularmente sobre cómo se aplicará en la región norte de Coahuila; estableciendo que es uno de los distritos más importantes del Estado.
En donde tenemos prácticamente en función, las áreas de las materias civil, familiar, mercantil penal y laboral, al servicio de las y los nigropetenses; fundamentalmente vengo a eso, un poco a expresarles cómo estaos interpretando esa reforma judicial.
Durante su arriba a la ciudad de Piedras Negras, Mery Ayup también dio cuenta que se trabaja en adecuar las legislaciones estatales a la Reforma Judicial y para lo cual se contemplan 180 días para que las entidades federativas, realicen lo propio.
Recordó que la Reforma Judicial a nivel nacional fue determinante para impactar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también en los Podres Judiciales Locales; por lo que deberá modificarse la Constitución Política del Estado de Coahuila.
Indicó que fundamentalmente son dos temas pero muy complejos. El primero se refiera a que todas las magistradas y magistrados deberán ir a elección en el 2025 o 2027 o una porcentaje en el 2025 y otro en el 2027; la segunda que corresponde a la recomposición al interior del Poder Judicial.
Esto último, a través de un órgano de disciplina que estará conformado por tres magistrados más, del TPJECZ. Indicó que actualmente es un pleno del Tribunal y una Judicatura; pero ahora serán tres: el Pleno del Tribunal, el Órgano Administrativo y un Tribunal Disciplinario.
Finalmente deberá presentarse una nueva Ley Orgánica del PJECZ y la legislación reglamentaria que corresponde a la Defensoría Pública, al Centro de Evaluación Psicosocial, al Código de Ética y todo el grupo de leyes correspondientes.
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