Determinan no legal la detención de hombre y sus dos hijos; anulan IPH y recuperan su libertad

Durante el sábado pasado se llevó a cabo la audiencia inicial de Gerardo N y su hijos Raymundo N y Yesica N, quienes recuperaron su libertad, luego de que el juez de la causa determinó que su detención no fue legal.

Ariana García Bosque, abogada defensora de las tres personas adultas, solicito la nulidad de las pruebas obtenidas por las autoridades, a partir de la detención y el juez decreto la nulidad del Informe Policial Homologado (IPH) y del aseguramiento de los vehículos.

Evidentemente hay una cadena de lo que conocemos como el fruto del árbol envenenado, fue lo que indicó la abogada defensora durante el pasado fin de semana; estableciendo que el resto de las pruebas tras la detención fueron anuladas.

Derivado de los anterior, el juez de la causa dio vista por los delitos cometidos en contra de los detenidos e inclusive contra la niña de cuatro años, hija de Yesica N; pues también fue detenida y ocultado su paradero por alrededor de cuatro horas; siendo desaparición forzada y tortura.

García Bosque detallo que, mientras los familiares esperaban la salida de los detenidos del centro penitenciario varonil y femenil de Piedras Negras, fueron amenazados con que iban a ir por ellos, además de referir que desde entonces los están acechando y que pone la integridad de los afectados.

A partir de la vista, vamos a ampliar la comparecencia de ellos como víctimas ahora, se hizo la exigencia de la aplicación del Protocolo de Estambul, que esto va a servir para demostrar estas graves violaciones a los derecho humanos. E insistir en el procedimiento de estos policías municipales que son los que principalmente firmaron este informe, indicó García Bosque.

Sin embargo, refiere que participaron otros elementos, que se presume que pertenecen al Estado; estableciendo que al llegar e ingresarlos por la parte posterior de la Dirección de Seguridad Pública, llega una unidad de color negro y descienden tres personas más, que son quienes causan las lesiones y los actos de tortura a los detenidos.

La abogada defensora recordó que ha reprochado desde hace muchos años que la Dirección de Seguridad Pública esa siendo utilizada como una base de operaciones para delinquir dentro de la misma, para generar terror hacia la población.

Y es justo la parte más grave, cuando las autoridades piden los videos de esas instituciones, resulta que no funcionan; es un problema y además es una obligación del Estado y del municipio misma tener cámaras de videovigilancia para demostrar y descartar las denuncias que la ciudadanía hace sobre esos elementos, indicó.