Texas crea su propia versión de DOGE, oficina para simplificar regulaciones y reducir burocracia

Texas ha dado un paso significativo hacia la reforma administrativa al aprobar la creación de la Oficina de Eficiencia Regulatoria, un modelo inspirado en el controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) promovido durante la era Trump y apoyado por figuras como Elon Musk.

El gobernador Greg Abbott firmó el Proyecto de Ley 14 del Senado, el cual marca el nacimiento de esta oficina con el objetivo de eliminar regulaciones innecesarias en las agencias estatales y establecer lineamientos que reduzcan la carga normativa sobre los ciudadanos. La iniciativa, apodada ya como “el DOGE texano”, se suma a una tendencia nacional que ha visto a más de 20 estados adoptar estructuras similares.

Una de las disposiciones más destacadas de esta nueva ley es que los tribunales estatales no estarán obligados a seguir las interpretaciones de las agencias sobre sus propias normas, lo que busca fortalecer la independencia del poder judicial. Este detalle la diferencia del DOGE federal, el cual ha sido criticado por su enfoque agresivo hacia los despidos y el cierre de instituciones.

La versión texana, sin embargo, no contempla recortes de personal. Contará con hasta 18 empleados a tiempo completo y operará con un presupuesto de 22.8 millones de dólares durante los próximos cinco años. Se espera que inicie operaciones en septiembre de este año.

Entre sus principales funciones estará la creación de una plataforma digital para consultar regulaciones vigentes por agencia, además de obligar a las instituciones estatales a publicar sus normas en un lenguaje claro y accesible para todos los texanos.

“La gran cantidad de regulaciones actuales exige ajustes urgentes”, declaró Abbott, quien también se encargará de nombrar a los integrantes que liderarán la nueva oficina. El mandatario destacó que este esfuerzo busca acelerar los procesos burocráticos sin poner en riesgo los servicios esenciales del estado.

Aunque los defensores de la medida la ven como una apuesta por la eficiencia y la transparencia, críticos advierten sobre el riesgo de una desregulación excesiva que podría afectar la protección de derechos y el cumplimiento normativo.

Con esta decisión, Texas se posiciona como uno de los estados líderes en la transformación de la gestión pública, adoptando un enfoque más ágil y tecnológicamente accesible para enfrentar los desafíos del siglo XXI.