EU prepara una lista de políticos mexicanos a los que podría retirar la visa por presuntos vínculos con el narco

La administración de Donald Trump ha comenzado a imponer sanciones y restricciones de viaje a políticos mexicanos, a quienes vincula con la corrupción asociada al narcotráfico. La medida incluye la cancelación de visas y podría extenderse a sanciones económicas.

Hasta ahora, han confirmado la revocación de sus visas la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, exdiputado. Medios también reportan que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el alcalde de Matamoros han sido afectados, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

Funcionarios estadounidenses señalaron que la lista de investigados incluye a miembros de Morena, gobernadores estatales y políticos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. La lista se basa en información recopilada por agencias como la DEA y supervisada por la Casa Blanca, bajo el liderazgo del asesor adjunto de seguridad nacional, Anthony Salisbury, y del subjefe de gabinete, Stephen Miller.

Las sanciones se aplican bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite negar la entrada a personas sospechosas de colaborar con el narcotráfico, así como a sus familiares beneficiados por ganancias ilícitas. Podrían ir acompañadas de acciones del Departamento del Tesoro para congelar activos o prohibir relaciones comerciales.

Estas medidas, según analistas, podrían tensar la relación entre ambos gobiernos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado explicaciones, pero el Departamento de Estado argumenta que las decisiones son confidenciales. Mientras tanto, ha reiterado su postura contra la corrupción dentro de Morena.

El plan actual tiene antecedentes en una lista de 35 funcionarios mexicanos elaborada en 2019 por la DEA, tras el debilitamiento de la cooperación antidrogas con México bajo el gobierno de López Obrador. Esa lista derivó en el juicio y condena de Genaro García Luna.

Algunos exfuncionarios estadounidenses han advertido que las nuevas medidas podrían sustentarse en evidencia limitada y provocar fricciones diplomáticas. Sin embargo, otros las defienden como una respuesta firme a la corrupción estructural en México.