Nueva ley laboral entra en vigor el 17 de junio; cambia la Ley Federal del Trabajo
Si bien es verdad que desde hace meses se publicó la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) conocida como Ley Silla, tras ser aprobada en el Congreso de la Unión, será hasta el próximo martes 17 de junio cuando esta entre en vigor, es decir, cuando sea obligatorio para las empresas y patrones cumplirla.
Es de este modo que, desde el próximo 17 de junio, todas las empresas y empleadores deberán garantizar períodos de descanso a sus trabajadores a lo largo de la jornada laboral, y también tendrán que tener asientos con respaldo para que puedan cumplir con este objetivo.
Y es que, aunque parezca increíble, hay muchos establecimientos que prohíben a sus trabajadores sentarse durante la jornada de trabajo, sobre todo en empleos que implican atención al público.
Aunque fue presentada en septiembre de 2023 por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión, no fue sino hasta diciembre de 2024 cuando fue aprobada la Ley Silla que busca una mejor calidad laboral para los trabajadores que laboran en empleos donde tienen que permanecer de pie durante mucho tiempo.
Es de esta forma que la Ley Silla, la cual reforma los artículos 132, 133, 422 y 423 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), contempla, entre otras disposiciones, los siguientes cambios:
*La obligación de las empresas y patrones de proporcionar el número suficiente de asientos o sillas con respaldo en los centros de trabajo.
*La prohibición de obligar a los trabajadores a permanecer de pie en el transcurso de toda la jornada laboral.
*La necesidad de designar áreas específicas para descansos periódicos dentro de las instalaciones del lugar de trabajo.
*La inclusión en los reglamentos internos de las empresas de normas que regulen el uso de asientos y los plazos obligatorios de descanso.
A partir del 17 de junio aquellos patrones que incumplan con la Ley Silla serán acreedores a sanciones económicas que van desde las 250 hasta las 2 mil 500 UMAs diarias. Las empresas que, tras ser multadas, sigan haciendo caso omiso a la reforma laboral, podrían enfrentar suspensiones de actividades.
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